Condenada a medio año de cárcel una policía de Benidorm que robó un móvil oficial y gastó con él 613 euros

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de seis meses de cárcel a una agente de la Policía Local de Benidorm que se apropió un teléfono móvil del Ayuntamiento con el que se gastó 613 euros en llamadas personales.

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de seis meses de cárcel a una agente de la Policía Local de Benidorm que se apropió un teléfono móvil del Ayuntamiento con el que se gastó 613 euros en llamadas personales.

La acusada, Pilar Q.Ll., iba a ser juzgada desde este lunes hasta el próximo miércoles ante un jurado popular, pero éste ni siquiera ha llegado a ser constituido después de que las partes personadas en el procedimiento hayan alcanzado el un acuerdo que ha dado como resultado una sentencia de conformidad.

El pasado viernes, la agente se declaró culpable de un delito de malversación de caudales públicos y aceptó una pena de seis meses de cárcel, tres meses y un día de suspensión de empleo y el pago de una multa de 1.440 euros. Asimismo, deberá indemnizar al Consistorio de Benidorm, que ejerce la acusación particular, en la cantidad defraudada. Los hechos se remontan a abril de 2008, cuando Pilar Q.Ll., que se encontraba destinada en la oficina Delta-4 de la Policía Loca, comenzó a utilizar el teléfono móvil que tenía asignado para su trabajo para efectuar llamadas de carácter privado a números de familiares como su hija y su marido.

Ese verano se produjo un cambio de oficina por una reestructuración de la plantilla, momento en que la agente fue destinada a otro departamento, el Centro de Coordinación, lo que ella aprovechó para apropiarse del aparato y seguir utilizándolo para llamadas personales, tal y como ha declarado probado la Audiencia.

Esa situación se prolongó hasta que se detectó la aparición del móvil y aparecieron ciertas anomalías en el listado de llamadas correspondiente, lo que llevó al Consistorio a dar de baja la línea, que acumulaba un consumo de llamadas entre abril de 2008 y enero de 2009 de 613,55 euros.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para la agente municipal una pena de tres años de prisión, otros tantos de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 1.440 euros, mientras que la acusación particular elevaba la condena a seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Ambas partes modificaron sus conclusiones tras el acuerdo alcanzado con la defensa el pasado viernes. Ese mismo día el magistrado de la Audiencia Provincial que iba a presidir el juicio dictó una sentencia 'in voce' que establece la condena en tres meses de prisión y tres de suspensión de empleo para la acusada.

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