La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Málaga ha puesto a disposición de los comerciantes afectados por el fin de la renta antigua una oficina de información y asesoramiento sobre las herramientas disponibles para la defensa de sus derechos.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 estableció una moratoria de 20 años para la extinción y subrogación de los arrendamientos de locales en los que desarrollaban actividades comerciales, plazo que finalizó el pasado 31 de diciembre. Alrededor de 800 comercios de la provincia se ven amenazados por la extinción de los contratos de renta antigua.

Así, según ha informado la Junta, en la actual situación económica, muchos de los arrendatarios "no podrán soportar un incremento de sus alquileres que ronda entre el 200 y el 400 por ciento, pudiendo ser muy superior en zonas céntricas".

La situación, según ha indicado el delegado de Fomento, Vivienda Turismo y Comercio, Manuel García Peláez, llevaría al cierre de estos establecimientos, pequeños comercios tradicionales, "que son señas de identidad de los centros históricos de nuestras ciudades y municipios, estimándose una pérdida de 2.000 empleos".

Esta oficina de asesoramiento se ubica en el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, en la planta octava del edificio de Servicios Múltiples —edificio negro—, en la avenida de la Aurora, número 47 de Málaga capital.

"En ella los comerciantes inquilinos afectados podrán obtener información sobre la aplicación de la norma estatal a sus contratos de arrendamientos de establecimientos comerciales, al igual que información sobre su posición, garantía y defensa de sus derechos respecto a los propietarios de los locales", ha indicado el delegado.

Una nueva moratoria de una década

Respecto a la situación, ha recordado que la Consejería de Turismo y Comercio ha impulsado otras iniciativas, en colaboración con asociaciones de comerciantes, consumidores y sindicatos, reclamando al Gobierno central una nueva moratoria por un plazo de 10 años para acompasar los efectos del final de los alquileres de renta antigua sobre los establecimientos comerciales.

Además, se han aprobado iniciativas en este sentido, tanto en el Parlamento andaluz como en la Diputación Provincial y en varios ayuntamientos de la región.