El Consejo de Estado ha presentado un informe sobre el proyecto de Reglamento de Circulación, en fase de consultas antes de pasar al Consejo de Ministros y a las Cortes. En dicho reglamento se plantea limitar la velocidad de los peatones y realizarles controles de alcoholemia, así como subir la velocidad en autovías y autopistas a 130km/h, medidas que ven desproporcionadas.

En un informe que recoge Europa Press, considera que el término "usuarios de la vía" que utiliza la DGT puede abarcar a vehículos y peatones, obligando a los segundos a hacerse pruebas de alcohol y drogas cuando se vean implicados en un accidente o infracción, ante lo que dice que los españoles deberían "abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones" por si se ven sometidos a un control "si en las inmediaciones un vehículo sufre un accidente".

También recuerda que hay personas que toman medicinas con codeínas, opiáceos, benzodiacepinas o similares que darían positivo en un test de drogas.

En cuanto a limitar la velocidad, cree que podría suponer "el colapso de las ciudades". El organismo señala que habría un enorme gasto en nueva señalización y que la reducción de velocidad en zonas urbanas sería "objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos". Además, expone que la ciudadanía "no ha demandado" estos cambios de velocidad. "Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano", dice el proyecto, un precepto que podría suponer "la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos".

Si se aplicara la propuesta, los peatones podrían incurrir en infracciones muy graves si superan la tasa de alcoholemia o se niegan a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, lo que conllevaría una sanción de 1.000 euros y la retirada de puntos.

Por último, destaca lo "absurdo" de poner límites a las bicicletas cuando no poseen medidores y rechaza la autorización para llevar a menores de cinco años en la bicicleta porque "altera el modelo urbano, en el que la acera y la zona peatonal no son un carril de circulación, sino un espacio de convivencia".

El Consejo de Estado advierte de que incrementar el límite máximo de velocidad a 130 km/h en determinados tramos de autovías y autopistas "puede producir una mayor accidentalidad" y disminuir la conciencia de riesgo en los conductores.

Además de esa consideración, el Consejo cree que los responsables del proyecto, la Dirección General de Tráfico dependiente del Ministerio del Interior, no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por las diferentes entidades, entre ellos la Dirección General de Carreteras. Según el borrador del reglamento, no solo se aumentará ese límite máximo, sino que se prevé rebajar los topes en las carreteras convencionales y en muchas calles de las ciudades.

Y para ello, dice el Consejo de Estado, sus redactores no han justificado la "oportunidad" de la medida ni han calculado el impacto ni han tenido en cuenta el criterio de los titulares de las vías, ya sea el Ministerio de Fomento o las comunidades autónomas, que casi unánimemente se han opuesto al cambio.

De aprobarse el texto actual, la velocidad máxima de buena parte de la red secundaria de carreteras, fijada en 90 km/h, podría reducirse en algunos casos hasta los 50, una "disminución radical que puede suponer un cambio en el modelo actual de transporte y ralentizará necesariamente todos los desplazamientos".

La asociación de víctimas de accidentes de tráfico DIA ha pedido que se retire del proyecto. Para esta asociación, esa subida de la velocidad "va a perjudicar de una manera muy destacada la seguridad vial en España", en un momento en el que se está incrementando el número de víctimas mortales. "Es el peor momento posible" para llevar a cabo ese incremento.

El portavoz socialista de Seguridad Vial en el Congreso, Carles Corcuera, ha criticado la "nula voluntad" de la Dirección General de Tráfico (DGT) de consensuar con todas las partes el nuevo Reglamento de Circulación, como "pone en evidencia", ha dicho, el Consejo de Estado en su informe sobre esta norma.

A través de un comunicado, Cocuera ha denunciado las políticas "erráticas  y contradictorias" de la DGT y ha calificado de "brutal" el informe del Consejo de Estado. El diputado ha recordado que la ley de Tráfico, que ampara jurídicamente el reglamento que el Gobierno quiere sacar adelante, se aprobó únicamente con los votos del PP y  "no tuvo el apoyo de ningún grupo parlamentario en su tramitación".  Ahora, añade, "se ve una guerra abierta entre diversos ministerios, incluidos el de Interior y la DGT".