La Generalitat deberá indemnizar a una familia que pidió la educación en castellano

  • Deberá pagar 3.000 euros según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
  • La sala reconoce el derecho de los padres a percibir una indemnización.
  • La cantidad se ha calculado a partir del precio de una clase para grupos.
Un detalle de la fachada del Tribunal Supremo, en Madrid
Un detalle de la fachada del Tribunal Supremo, en Madrid
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Un detalle de la fachada del Tribunal Supremo, en Madrid

La Generalitat deberá, por primera vez, indemnizar con 3.000 euros a una familia que reclamó ante los tribunales la enseñanza en castellano en la Educación Infantil para su hija, que acudía a una escuela concertada, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC reconoce el derecho de los padres a percibir una indemnización compensatoria a cargo de la administración catalana, por "daño emergente y daño moral, fundada en la cuantificación del valor del servicio público omitido".

La cantidad de 3.000 euros se ha estimado a partir del precio de mercado de una hora de clase similar en castellano para grupos, de entre las ofertas ofrecidas por seis centros de idiomas.

El Tribunal Supremo reconoció, en diciembre de 2013, el derecho de la familia de la menor a poder elegir el idioma castellano como lengua vehicular en su educación infantil, y la obligación de la Generalitat de garantizar una "conjunción lingüística" con el catalán.

La alumna recibió en los cursos P-4 y P-5 dos horas semanales de castellano ('la hora del cuento' y una hora de natación) sobre un total de 25 horas lectivas, en la escuela concertada a la acudía.

Reclamación ante los tribunales en 2014

La familia reclamó el pasado año 2014 ante los tribunales que se declarara la imposibilidad material de cumplir la sentencia en cuanto a la utilización del castellano como lengua vehicular en los cursos de P-4 y P-5, dado el tiempo transcurrido, y que se declarara la obligación de indemnizar a su hija con 4.258 euros.

Ahora, el TSJC sentencia que ve "plausible y razonable la concreción de los daños y perjuicios reclamados" por los progenitores de la alumna y establece una indemnización de 3.000 euros, menor de la demandada.

Además, declara la "imposibilidad material" de ejecutar la sentencia dictada por el TS en 2013 en lo que se refiere al derecho de la pequeña a recibir en castellano la educación infantil, dado que ya ha superado esa etapa educativa.

La justicia pone "en su lugar" a Mas 

La líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha mostrado su "satisfacción" porque la justicia haya "puesto en su lugar" al presidente catalán, Artur Mas. A su juicio, este caso es "un ejemplo más de los incumplimientos de la ley" del Mas, que "está empezando a tenérselas que ver con los tribunales de manera permanente".

La dirigente ha denunciado que el Govern esté "vulnerando los derechos de los catalanes que quieren que sus hijos estén escolarizados en catalán y castellano", pero ha celebrado que "el tiempo y la justicia nos están dando la razón cuando dijimos que el Govern no cumple sentencias y decisiones judiciales". Sin embargo, "el sentido común y los derechos ganan, por mucho que el Govern lo cuestione, y en este caso los catalanes ganarán con la LOMCE", ha dicho Sánchez-Camacho.

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