El juicio por el robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela en julio de 2011 ha comenzado este lunes con el debate de las cuestiones previas, en las que la defensa ha pedido la "nulidad de todo el proceso" por "vulneración de derechos", algo a lo que se han opuesto la Fiscalía y la acusación particular.

José Manuel Fernández Castiñeiras, ladrón confeso, su mujer y su hijo, los tres acusados por el robo, llegaron a los juzgados de Santiago a las 9.15 horas. Los acusados, sin hacer declaraciones, han permanecido cabizbajos durante toda la sesión.

La primera en intervenir ha sido su abogada, Carmen Ventoso, que ha afirmado que su cliente ha sido víctima de un "guantánamo procesal" y no ha contado con "un juez instructor imparcial", por lo que la "nulidad" de las diferentes pruebas lo "infecta todo".

A juicio de Carmen Ventoso, "todo es nulo de pleno derecho", desde los registros a la confesión del acusado, dado que la instrucción ha sido un "manual de cómo contravenir el derecho" y de cómo "vulnerar de forma palmaria los derechos recogidos en la Constitución".

Entre otras cuestiones, ha criticado que en el mes de junio, un mes antes de la detención de Castiñeiras, "personas desconocidas" entraron en su domicilio de O Milladoiro "forzando la entrada" y colocaron en su interior "dispositivos de grabación".

"Vigilaron y entraron, forzaron la cerradura y caminaron por el interior del domicilio. Unas personas que desconocemos tocaron lo que quisieron y no tendremos la certeza de que manipulasen los papeles o se llevasen alguna cosa. El escenario ya está contaminado", ha criticado la letrada. La abogada ha calificado esta acción de "entrada y registro encubierto" del que "no existe precedente en España, ni siquiera para los casos de terrorismo".

En este sentido, el Ministerio Fiscal considera válidas las grabaciones sonoras en casa de los acusados basándose en la "trascendencia" del proceso y en el hecho de que existían indicios. "La sociedad no hubiese autorizado un cruce de brazos por parte de las autoridades", ha explicado Antonio Roma, para quien es "una acusación demasiado grave" decir que existe un "registro encubierto o una entrada susceptible de delito" en este acto.

Por otra parte, Ventoso también ha reclamado la nulidad de la detención de Castiñeiras, su mujer y su hijo y los registros de sus domicilios y propiedades, que fueron "nulos de pleno derecho". Sobre esto, ha criticado que los registros se excedieron de la hora programada, otros no contaron con autorización expresa y en el registro del trastero donde apareció el Códice no se contó con la presencia de los detenidos. "No tiene valor de prueba", ha aseverado.

También ha pedido la nulidad de la primera declaración judicial de Castiñeiras, que, por la actitud del juez instructor, Vázque Taín, "contraviene la legalidad vigente en España" y el "derecho a la dignidad". La letrada ha recordado que para que una confesión pueda ser prueba "debe de ser espontánea", algo que no ocurre en esta situación. "Lamento decirlo vulgarmente, cuando oí el interrogatorio, me quedé muerta", ha explicado ante el juez la abogada, para quien "tratar a una persona en sede judicial de esta manera contraviene la legalidad".

Por otra parte, la defensa de los acusados ha pedido también que se anulen como pruebas las grabaciones en el despacho del administrador de la Catedral y ha denunciado que han podido ser "manipuladas", ya que la basílica compostelana tardó un año en entregarlas al juez.

La abogada de los acusados ha asegurado que este despacho "no puede considerarse un espacio privado", por lo que la grabación no autorizada e informada viola "el derecho a la intimidad" y la ley de "protección de datos". Según la información aportada a la defensa por la Agencia Española de Protección de Datos, las cámaras no se encontraban en el momento del robo registradas en este organismo.

Del mismo modo, ha criticado que la Catedral tardase "un año" en entregar estas imágenes al juez, que fueron aportadas el 18 de julio de 2012. "Durante meses nadie manifestó al juez que había ninguna cámara", ha dicho Ventoso, que cree que se pudo, en este periodo, "alterar" las imágenes.

Por su parte, el fiscal del caso, Antonio Roma, ha evidenciado su oposición a las pretensiones de la defensa, dado que, en su opinión, "se han respetado los derechos fundamentales" de los acusados durante la instrucción.

En concreto, el fiscal ha señalado que cuestiones como la recusación del juez instructor o la nulidad de todas las actuaciones ya fueron analizadas en su momento por la Audiencia Provincial. "Si está resuelto, está resuelto", ha indicado.

Por otra parte, ha criticado que la defensa pida que se declare nula la confesión del acusado por "elementos de forma", cuando "las respuestas no son nulas" y existían otros "elementos incriminatorios". Del mismo modo, ha defendido que los registros son correctos y se hicieron en presencia de los abogados.

El fiscal también ha defendido las grabaciones en la Catedral. En concreto, ha dicho que el despacho del Cabildo es una "zona restringida, no de acceso público", por lo que estas grabaciones son válidas, y en el caso de las cámaras del claustro, ha recordado que el acusado "en su confesión, manifiesta que sabe donde están ubicadas las cámaras".

El documento, del siglo XII, el ejemplar más antiguo y completo de esa obra denominada Liber Sancti Iacobi, de la que existen unas doscientas copias en distintos puntos de Europa, desapareció misteriosamente del archivo de la catedral compostelana en julio de 2011.

El canónigo archivero responsable de la custodia del manuscrito y deán de la catedral de Santiago, José María Díaz, afirmó entonces que "el que se lo llevó sabía de qué se trataba, sabía del incalculable valor, y sabía cómo llegar a él, y si no, lo averiguó para poder llegar".

Las críticas a las insuficientes medidas de seguridad en la catedral se mezclaron durante meses con especulaciones sobre posibles tramas de sofisticados ladrones y hasta el temor al deterioro de ese tesoro patrimonial, mientras los investigadores analizaron horas y horas de grabaciones de las cámaras de seguridad.

Justo un año después, a principios de julio de 2012 fue detenido el electricista de la catedral y recuperado el manuscrito, hallado en una zona de un garaje propiedad suya entre ladrillos y cemento, envuelto en papeles de periódico dentro de una bolsa de plástico junto a otros facsímiles y documentación sustraída de la catedral y en perfecto estado, según los expertos.

La investigación policial permitió descubrir que el electricista disponía de llaves de diversas dependencias y que se había apoderado durante años no solo de documentación, sino de dinero y objetos valiosos de la catedral.

El Vaticano mostró su satisfacción por ese hallazgo y hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la catedral de Santiago el 8 de julio de ese año a una ceremonia simbólica de entrega del Códice Calixtino.

Las medidas de protección del manuscrito han sido reforzadas desde entonces con un dispositivo de videovigilancia de cuarenta cámaras y un equipo estable de ocho personas.

Fernández Castiñeiras, que consiguió empleo de electricista en la catedral porque su madre había sido la lechera que suministraba al arzobispo, reconoció entonces a los investigadores: "Sí, fui yo quien robó el libro. Me lo llevé el 4 de julio del año pasado, sobre las 12 de la mañana".

Las declaraciones del autor confeso de ese robo son desde entonces confusas, con pretensiones de haber actuado contra la Iglesia por no contratarlo formalmente, o contra determinados individuos.

El pasado viernes, Fernández Castiñeiras había sido citado ante el Juzgado de Santiago de Compostela para responder del robo de la correspondencia de sus vecinos en la contigua localidad de Milladoiro, donde reside.

Sin embargo, no se presentó tras ingresar esa mañana en un hospital de la provincia de Pontevedra por un cuadro de estrés, aunque fue dado de alta pasado el mediodía y un médico forense que lo examinó posteriormente concluyó que "está en condiciones de ser sometido a juicio oral" que debe comenzar este lunes.

El electricista se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel, mientras la Iglesia, personada como acusación particular, elevó la petición de penas a 31 años por apreciar que Castiñeiras abusó de la confianza del personal de la catedral.

Por su parte, la defensa quiere probar una serie de irregularidades y vulneraciones susceptibles de conseguir la nulidad del proceso.