El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por FAPA-Valencia ante el Comité de Peticiones para que la institución europea tome medidas respecto al estado de infraestructuras de los colegios públicos valencianos.

Se trata de la petición 0056/2014 sobre lo retraso de los programas de construcción de escuelas en la provincia de Valencia que la federación de padres y madres de alumnos presentó hace dos años al PE para saber "donde están los 650 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha destinado para la construcción y rehabilitación de centros públicos", ha explicado la organización en un comunido.

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones extrajudiciales y judiciales que desde los servicios jurídicos de FAPA-Valencia se han puesto en marcha "para dar respuesta a la problemática de las AMPA sobre todas las deficiencias de infraestructuras y barracones que presentan los centros públicos" de la provincia.

"Ni sabíamos ni sabemos dónde está el dinero para la educación pública de nuestros hijos e hijas, así que ante la falta de responsabilidad de la Conselleria de Educación hemos tenido que acudir en el Parlamento Europeo para que investigue qué ha pasado", señala la presidenta de FAPA-Valencia, Eva Grimaltos.

Ahora que el Parlamento ha admitido a trámite la petición, FAPA-Valencia está "a la espera de que se determine dónde está el dinero para los planes de Creaescola que el BEI destinó para la construcción de centros" en la Comunitat.

La petición propone que el Parlamento Europeo "intervenga con respecto al gran retraso que están sufriendo los proyectos de construcción de escuelas en Valencia, España". Según la información que consta en ella, el Banco Europeo de Inversiones proporcionó una financiación de 300 millones de euros para numerosos proyectos de modernización en escuelas de Primaria, Secundaria y Técnicas en 2008, y 350 millones de euros para otro proyecto en 2010.

No obstante, según detalla en su texto, las obras de construcción y mejora son "muy insuficientes" y algunos proyectos se han mantenido "inactivos" de modo que "los estudiantes siguen teniendo unas condiciones deficientes que no cumplen los estándares mínimos requeridos por la ley", asegura.