La Diputación de Toledo ha adelantado este viernes que, en caso de que su recurso de reposición en relación a la readmisión de los 23 trabajadores del Hospital Provincial despedidos en 2012 sea rechazado, presentará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) e incluso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si la suplicación fuese también desestimada.

El presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón, ha asegurado en rueda de prensa que, además, no descarta plantear un conflicto de entre la Institución provincial y el órgano judicial ya que, a su juicio, "se ha producido un exceso de jurisdicción" y un "uso alternativo del derecho" por parte de los tribunales, asegurando que "se ha cambiado el objeto de la resolución judicial anterior".

García-Tizón ha advertido también de que, en caso de que alguno de los recursos interpuestos diera la razón a la Administración provincial, pensaría también en pedir responsabilidades patrimoniales "por el funcionamiento de la justicia".

El presidente ha manifestado que piensa que la Diputación no se equivocó en el proceso de estos despidos y que discrepa "rotundamente" con las resoluciones judiciales a este respecto, pero ha afirmado que cumplirá lo que dicten las mismas.

Asimismo ha explicado que, con la llegada del nuevo equipo de Gobierno a la Corporación provincial, se traspasó el Hospital Provincial a la Junta, por lo que se perdió el convenio entre ambas administraciones y "lo primero que se vio es que estos puestos no hacían falta".

Sin embargo, ha apuntado que prefirió "llevar a cabo estos despidos con el criterio de despido objetivo" en lugar de declarar la nulidad de estos contratos indefinidos, ya que de esta forma, ha opinado, "se podría evitar un planteamiento judicial y entrar en procesos contencioso-administrativos".

Ha insistido en que la sentencia indica que los despidos "son nulos porque no se siguió el procedimiento", por lo que ha explicado que la ejecución consistiría en la readmisión de estas personas, el pago de sus salarios y su posterior despido con indemnización de 45 días por año trabajado, en lugar de los 20 con los que se hizo en primer lugar.

No aparecían en ninguna rpt

El máximo responsable de la Diputación toledana ha señalado no es posible reasignar a estos trabajadores en otra plaza "porque nunca aparecieron en ninguna Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", recordando que "estas personas tenían contratos temporales y se hicieron indefinidos tres días antes de las elecciones municipales". Una acción que, ha afirmado, el Consejo Consultivo decidió que "era nula de pleno derecho".

García-Tizón ha manifestado además que "el 70 por ciento de estos contratos se habían realizado por motivos de familiaridad, amistad o militancia política del anterior Gobierno de la Diputación", añadiendo que los trabajadores "nunca superaron unas pruebas en base a su mérito y capacidad".

En este sentido, ha acusado al PSOE de convertir en indefinidos a estos trabajadores "para asegurar una indemnización importante a cargo del dinero de todos".