El PSPV se opone a la personación de la FTVCB por ser "utilizada" por Grau para su defensa en la causa

Los concejales la consideran "una muestra más de la absoluta y completa instrumentalización que de esta fundación pública ejerce el vicealcalde"

Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, acusación popular en el caso Nóos, han presentado un escrito para oponerse a la personación de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) para ejercer la acción particular, al aseverar que ésta únicamente sería "utilizada" por el vicealcalde, Alfonso Grau, como "instrumento" para sus propios "intereses y beneficios" en el marco de esta causa.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los regidores se oponen de este modo al recurso que interpuso Grau -días antes de que el juez José Castro decidiera no abrir juicio contra él- contra la decisión del magistrado de rechazar la personación de la FTVCB, al alegar que ya transcurrió el plazo para poder ser parte perjudicada en el procedimiento judicial.

El vicealcalde decidió impugnar en reforma esta resolución, mientras que los miembros del PSPV se adhieren a los argumentos esgrimidos por Castro. "La personación de la FTVCB no es más que una muestra más de la absoluta y completa instrumentalización que de esta fundación pública ejerce el vicealcalde", recalcan los concejales, considerando "obvio" por tanto que esta personación "no obedece a la buena fe procesal que debe exigirse a las partes".

Tal y como señalan en su escrito, la entidad dependiente del Consistorio valenciano "ha pretendido su personación como perjudicada civil solicitando ni más ni menos que el archivo de las actuaciones respecto a don Alfonso Grau", lo que los socialistas califican de "burda farsa", recriminando cómo el alto cargo del PP "manipula y dispone de la Fundación a su antojo y encamina sus acciones a la consecución de sus intereses individuales".

Una conducta similar, añaden, a la que ya llevó a cabo en 2004, 2005 y 2006 con la firma de los convenios para la organización de los Valencia Summit, por los que el Instituto Nóos percibió hasta 3,6 millones de euros públicos, parte de ellos procedentes de la FTVCB.

"La FTVCB no es más que un instrumento puesto al servicio de los intereses del gobierno local del Ayuntamiento de Valencia", inciden los regidores del PSPV. "¿Cómo se puede pretender personarse en una causa como acusación particular si la única pretensión que se ejerce es la de solicitar el sobreseimiento y archivo de uno de los acusados por no considerarse perjudicada? ¿Qué papel desempeñaría? ¿De defensa del señor Grau al lado de su propia dirección letrada", se preguntan acto seguido.

"abuso de derecho o fraude de ley"

Los socialistas alegan que este escenario "representaría un abuso de derecho o fraude de Ley proscrito por nuestro ordenamiento", recordando que "no es la primera vez en nuestra historia judicial que imputados utilizan personas jurídicas como acusación que en realidad se dedican a ejercer labores de defensa en el procedimiento", como en el caso del PP, señalan, que fue expulsado de la trama Gürtel al apuntar que durante el proceso habían solicitado el archivo de varios de los encausados.

Cabe recordar que, el pasado 22 de diciembre, el juez Castro sobreseyó las pesquisas contra Grau mediante su auto de apertura de juicio oral, decisión que los socialistas valencianos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Baleares, órgano que deberá dirimir si el vicealcalde debe o no ser juzgado a tenor de sus negociaciones de cara a la adjudicación de los Valencia Summit en favor del Instituto Nóos.

Antes de ello, Grau presentó un escrito en el que solicitaba el archivo de su imputación y se le aplicase la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias y los concejales del PSPV- y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido.

Grau señalaba que únicamente Manos Limpias y los socialistas valencianos reclaman responsabilidades penales para su patrocinado -11 años de cárcel-, pese a no resultar 'per se' "ofendidos" por los presuntos delitos en que habría incurrido.

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