El debate político de la cuarta jornada se centró en las interpretaciones del informe de la Fiscalía, y unos y otros echaron balones fuera de sus formaciones políticas. Rosa Aguilar (Izquierda Unida) insistió en que el informe de la Fiscalía no habla de nuevas construcciones ilegales, «sino de nuevas actuaciones contra parcelaciones ya existentes», pues, según aseguró, en lo referido a disciplina urbanística, en la zona «se ha intervenido eficazmente, y para comprobarlo sólo hace falta pasearse por el entorno de Medina Azahara, en donde las parcelaciones sí que emergieron y crecieron con el Gobierno municipal del PP».

Además, pidió al candidato popular a la Alcaldía, José Antonio Nieto, que tuviera «el decoro y la vergüenza política de no echar la culpa a quien no la tiene», pues, según subrayó, en el entorno de Medina Azahara, y respecto a parcelaciones ilegales, «hay lo mismo que cuando gobernó el PP».

Por su parte, José Antonio Nieto dijo que «lo que hace falta es aplicar la ley y resolver lo que heredamos desde el Gobierno actual de Córdoba». Nieto manifestó que el informe del TSJA refleja que «las cosas en materia de disciplina urbanística no se están haciendo bien en Córdoba» y añadió que «no se está llevando a cabo una protección de los entornos de Córdoba».

El candidato socialista, Rafael Blanco, afirmó ayer que «ya se han colmado todas las posibilidades de crecimiento irregular en los últimos años en la ciudad» y añadió que la posición socialista sobre parcelaciones «está siendo la más clara de todos los grupos políticos».

También habló del asunto la delegada de Cultura, Mercedes Mudarra, quien asegura que la Policía Autonómica es la única que ha estado en alerta para frenar la proliferación de parcelaciones y recordó que la Junta ya interpuso una denuncia en 2006 porque aparecieron seis nuevas parcelas.

El 45% regularizaría las parcelas

El sondeo elaborado por Opina para la Cadena Ser recoge esta inquietud entre los ciudadanos de Córdoba y pregunta a los encuestados: «¿Qué solución le daría usted al fenómeno de las parcelas ilegales?» El 45,1% de los cordobeses preguntados abogan por la regularización; el 22%, por la expropiación y el derribo; el 8,6%, por dotar de servicios mínimos a las parcelas que existen, pero sin regularizarlas; un 22,4% no sabe, y un 1,9% de los encuestados no responden.