El que fuera propietario de la productora audiovisual Vídeo U, Miquel Oliver, ha declarado este miércoles como imputado en la causa que investiga un presunto desvío de fondos a través de la empresa pública Multimèdia Illes Balears y, en su comparecencia, ha manifestado que los trabajos de antenización por los que su empresa cobró unos 5.000 euros públicos mensuales se llevaron a cabo.

Así lo ha afirmado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, durante un interrogatorio en el que ha explicado que Multimèdia encargó a Vídeo U un plan para agilizar el impulso de la TDT en Baleares, para lo cual la productora contrató al empresario y exlíder del PSIB en Calvià, Francisco Cano, que realizase el trabajo de campo y contactase con las Administraciones para buscar ubicaciones en las que situar las antenas.

El encausado, quien se ha prestado a colaborar con la Justicia en otras causas de presunta corrupción, ha negado por tanto que se produjesen irregularidades en el marco de esta contratación, rebatiendo de este modo las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que la operación se produjo 'a dedo' con el objetivo de favorecer a Cano y que, en realidad, los trabajos no se realizaron.

Por su parte, la exsocia de Vídeo U Luisa Almiñana, también imputada y defendida, al igual que Oliver, por el letrado José Ignacio Herrero, ha señalado que se tomó la decisión de contratar a Cano porque así se lo indicó su socio Ramón Rullán, y ha recordado cómo el empresario entregó a instancias de Multimèdia partes mensuales del trabajo que iba realizando junto a las facturas del mismo.

Cano también está citado a declarar este miércoles como encausado. En concreto, la empresa Multimèdia de les Illes Balears depende de la Conselleria de Presidencia del Govern. El caso, que afecta a la última legislatura del Pacte (2007-2011), fue abierto el año pasado en virtud de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros.

Multimèdia fue creada en el año 2006, bajo el último mandato de Jaume Matas, para el desarrollo de productos y servicios para la televisión y la radio así como cualquier otro tipo de red de comunicaciones electrónicas y soportes multimedia, tal y como consta en su objeto social.

Fue impulsada con la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert, como administradora única, mientras que durante el Pacte fue nombrado presidente de la entidad el exconseller de Presidencia Albert Moragues.