Los policías detenidos serán trasladados de uno a uno a los Juzgados para evitar que se comuniquen entre ellos

Pasa a disposición judicial el primero de ellos, que ya declara ante la jueza

Los ocho agentes de la Policía Local detenidos el pasado lunes por una trama de presunta corrupción en forma de extorsiones a empresarios y otras prácticas ilícitas dentro del cuerpo, serán conducidos de uno a uno a lo largo de esta jornada a los Juzgados de Vía Alemania para evitar que se comuniquen entre ellos dentro de los calabozos, según han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Por el momento tan sólo uno de ellos ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 12, que se encuentra de guardia y se encarga de estas investigaciones. El agente ha comenzado a declarar ante la jueza Carmen González pasadas las 11.30 horas. Mientras tanto, será una vez que hayan sido interrogados los ocho arrestados cuando la magistrada decida sobre su situación procesal.

Los efectivos policiales fueron detenidos en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, desarrollada dentro de la causa que investiga supuestas extorsiones a empresarios turísticos así como el presunto amaño en unas oposiciones dentro del cuerpo, entre otras prácticas supuestamente ilegales.

Entre ellos se encuentran los policías Miquel E.; el padre de Tomás M. -otro de los agentes detenidos-, así como un efectivo policial destinado en el aeropuerto de Palma y otro en Mercapalma. También se encuentran en comisaría dos de los policías presuntamente involucrados en el amaño de exámenes, Daniel M. -quien en su día se negó a declarar ante la jueza encargada de las investigaciones- y el oficial Carlos V.

Se trata de unos hechos por los que, además, han sido imputados el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital balear, Guillermo Navarro, así como el comisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, quienes este martes fueron interrogados por la jueza en su caso por supuestos delitos de coacciones y prevaricación por intentar obstruir las pesquisas.

Más en concreto, ambos fueron inquiridos en relación a un expediente administrativo que habrían incoado contra a un agente del Grupo de Acción Preventiva (GAP) a finales de 2014 que estaría colaborando en estas investigaciones, si bien negaron haber intentado presionarle para evitar que denunciara hechos ilícitos.

En el caso de Mut, negó haber ejercido presiones sobre el agente sancionado para que éste no revelase conductas ilegales producidas dentro del cuerpo, y aseveró que, en realidad, el efectivo afectado fue cambiado de destino no por haber denunciado los hechos, sino para evitar que hubiera más enfrentamientos de los que ya existían entre varias fracciones de la Policía.

Investigaciones iniciadas en 2013

En concreto, el caso se inició a raíz de la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó al Instituto Armado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.

Mientras tanto, en relación a las supuestas extorsiones fueron detenidos un año después el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.

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