La portavoz del colectivo de víctimas del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha arremetido este miércoles contra la política antiterrorista del Gobierno y ha puesto como ejemplo la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga, que asegura que fue una decisión directa del Ejecutivo de Mariano Rajoy y se ha convertido "en el De Juana Chaos del PP".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Ordóñez ha advertido de que el Gobierno está realizando "cesiones" continuas a ETA "para cumplir con el acuerdo" firmado en 2010 por el entonces Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la organización terrorista.

Entre estas cesiones, ha enmarcado la excarcelación de Bolinaga en agosto de 2012 por razones médicas de las que, a juicio de la hermana de Gregorio Ordóñez —asesinado por ETA en 1995—, podía haber sido tratado en prisión. "Bolinaga es el De Juana del PP y fue el Gobierno quien le excarceló porque se ha demostrado que no estaba terminal", ha reprochado.

De esta forma, ha exigido al Ejecutivo que deje de "humillarse" ante la organización terrorista y pase a la acción obligándoles a su disolución. "Disuélvanlos ustedes que pueden con el Estado de Derecho. Son 20 y saben dónde están", ha defendido

Detención "inmediata" de santi potros y plazaola

Por otro lado, Consuelo Ordóñez ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de que las penas que los reclusos de ETA cumplieron en Francia no sean descontadas del tiempo máximo de cumplimiento de las condenas impuestas en España y ha recordado que Covite ya tildó de "dudosa ilegalidad" la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Nacional que permitió la excarcelación de Santi Potros y Alberto Plazaola.

El colectivo de víctimas quiere que estos dos etarras sean detenidos "inmediatamente" como medida cautelar después de que el Tribunal Supremo haya permitido que "se haga justicia", algo que Consuelo Ordóñez ha lamentado que durante los últimos años es "extraño" y "se da de uvas a peras".

Además, ha explicado que el preso de ETA Kepa Pikabea, sobre el que se pronunció el Tribunal Supremo, ha reconocido el daño causado, pero no ha colaborado con la justicia, el "único requisito" que, a su juicio, de verdad prueba el arrepentimiento.