"Estamos dispuestos a negociar medidas contra el yihadismo que concilien seguridad y libertad, pero sin crear un Gran Hermano Policial". Así se ha expresado esta mañana Irene Lozano, diputada de UPyD, sobre el pacto de negociación alcanzado este martes por el PP y el PSOE para abordar medidas para luchar contra el terrorismo yihadista, de forma independiente a la reforma del Código Penal.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Lozano ha precisado que para su partido la línea roja es no convertir en sospechosos a todos los ciudadanos, de manera que "no se puede lanzar grandes operaciones de recopilación de información", a modo de "Gran Hermano".

También el PSOE, principal partido de la oposición, ha establecido sus propias líneas rojas. El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, ve "inseguridad jurídica" en algunas medidas del Gobierno contra el yihadismo porque se basan en "conceptos jurídicos indeterminados" que generan "inseguridad jurídica" y ofrecen "pocas garantías" a los ciudadanos, y por eso negociará con el Ejecutivo para mejorarlas.

Hernando ha dejado claro que al PSOE sigue sin gustarle la creación del futuro registro de pasajeros (PNR). Según él, los socialistas consideran que no está bien definido quién custodia los datos de los pasajeros, durante cuánto tiempo y cómo se utilizan esos datos. "Mientras no se determine no podremos estar de acuerdo", ha asegurado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho por su parte que aunque serán necesarios algunos retoques hay acuerdo en lo fundamental con el PSOE para poner en marcha medidas contra el terrorismo yihadista.

En declaraciones a Radio Nacional de España, Fernández Díaz ha anunciado que el PP retirará de la tramitación de la reforma del Código Penal las doce enmiendas que presentó en esta materia para incluirlas en una proposición de ley que quiere no solo consensuar con el PSOE, sino también con todos los demás grupos parlamentarios.

De esta forma se salva el escollo que suponía la oposición del grupo socialista a la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno. "Es un acuerdo sin precedentes en esta legislatura, muy importante por lo que hay en juego", ha recalcado.

Para Fernández Díaz no tendría sentido llegar a acuerdos internacionales y que no se alcanzasen en el ámbito nacional cuando se trata de una "cuestión de Estado" que afecta a todos los países. Ha explicado que en la reunión mantenida ayer por él y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el grupo socialista "se vio que hay base para el acuerdo" y que las diferencias se refieren más bien a "precisiones jurídicas más que a cuestiones de fondo" y que se pueden perfilar en el texto legal.

Ha aclarado que el registro de nombres de pasajeros no figura en el pacto y ha dicho que España impulsará que se aplique en la Unión Europea (UE) al igual que han hecho ya países como Estados Unidos y Canadá. De todas formas ha destacado que aunque la UE no lo apruebe España ya iniciado las gestiones para implantarlo para lo cual ya ha accedido a ayudas europeas para preparar la infraestructura tecnológica que espera esté para fin de año