La investigación interna organizada por Presidencia, con el interrogatorio a 15 funcionarios, para tratar de encontrar al responsable de las filtraciones de información sensible relativa al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, —como su nómina o el contrato de un 'coach'— concluyó que "no hay pruebas" para determinar a su autor o autores.

Asimismo, indica que la documentación pasó por "multitud de manos" y que "es casi imposible que ninguno de los funcionarios tuviera acceso a toda" la documentación filtrada, y que "sólo los que han tenido acceso a toda la documentación pudieron ser el autor o autores de dichas entregas".

Así consta en la copia que ha hecho pública el portavoz de EUPV, Ignacio Blanco, de las conclusiones de la investigación para identificar al topo y que ha presentado escritas de su puño y letra, ya que, al tratarse de una documentación que el Consell ha declarado "no pública", el diputado ha podido tomar nota de los documentos pero no copias de los mismos.

Asimismo, ha destacado que su formación solicitó en un primer momento esta información pero que no fue hasta la presentación de una querella penal contra cinco consellers por "impedir el ejercicio de los derechos cívicos", cuando recibieron una comunicación del Gobierno valenciano para poder acceder a dicho informe.

Para el parlamentario, en este asunto hay "dos escándalos". Por un lado el "escándalo del topo", relativo a las filtraciones y en el que "queda bien claro" que la autoría es "política"; y el "escándalo de la gaviota", que es el de los "gastos escandalosos y de los contratos opacos" del Gobierno del PP. En este sentido, ha destacado que "llama la atención" que la investigación se centre en los funcionarios y no en cargos de confianza del Consell.

Por lo que se refiere al informe, se trata de un documento de cuatro páginas y unos anexos de 33 documentos con la transcripción de los interrogatorios, resultado de la instrucción llevada a cabo para descubrir al topo, que se inició el 21 de enero de 2014 y se cerró el día 30 de ese mes. Blanco ha explicado que no ha tenido acceso a los dossiers de los interrogatorios y que valorará recurrir a los tribunales para tratar de obtenerlos.

La instrucción llevada a cabo trata de rastrear el recorrido de la documentación filtrada y, al respecto, señala que "la información divulgada procede de más de un departamento", como son los de Servicio de Personal, el de Gestión Económica y Contratación, así como otras unidades como el servicio de soporte administrativo y coordinación e intervención. Asimismo, puede venir a su vez del gabinete del Presidente o de sus Direcciones Generales, Secretaría Autonómica de Comunicación o su Dirección General.

Nómina y caja fija

En relación a las filtraciones de los gastos de caja fija, se indica que durante los años 2012 y 2013 la mayoría de las facturas pagadas por caja fija se depositaron en una mesa ubicada en una antesala del despacho del subsecretario, "de fácil acceso y sin puertas", donde había dos secretarias, hasta que se les daba el visto bueno.

Una vez firmada la documentación, el subsecretario "daba instrucciones a la secretaria para que fotocopiara determinada documentación que había seleccionado previamente" y esta se la devolvía para que fuera guardada "en un cajón bajo llave". Sin embargo, la secretaria "destruyó" estos documentos tras el cese del subsecretario, indica la investigación.

En cuanto a la filtración de la nómina del presidente Fabra, la instrucción señala que el entonces secretario general administrativo -funcionario— pidió, "en julio de 2013, sin explicar para qué, fotocopia de la última nómina -de Fabra-" y fue, justamente la nómina de junio la que salió en los medios de comunicación.

Durante el interrogatorio, el subsecretario justificó que había solicitado la nómina y el empadronamiento del jefe del Consell "por un problema que había surgido con las nóminas del director territorial" y quería compararlas porque ambos cobraban indemnizaciones por residencia, ha explicado Blanco al respecto.

Con todos estos datos y tras la investigación, la instrucción declara que "no hay pruebas para determinar el autor o autores" de las filtraciones. En este sentido, Blanco ha subrayado que en Presidencia "no lo debieron tener muy claro, cuando enviaron a interrogar al jefe de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, de una manera muy sui géneris". Una actuación que está actualmente bajo investigación judicial.