El Gobierno de la Nación considera que la gestión del proyecto de la senda costera, cuyas obras permanecen paradas a raíz de la oposición vecinal, ha sido "correcta", aunque admite que "es posible que en proyectos de estas características sea conveniente no limitarse a realizar el trámite de información pública sino llevar a cabo jornadas divulgativas de explicación de las actuaciones proyectadas".

Tras destacar que en los trámites de información pública y oficial "no se presentaron las objeciones que ahora se manifiestan", el Gobierno señala que las modificaciones del proyecto "pueden ser relativamente sencillas", por lo que el documento de modificación "puede estar redactado con rapidez, siempre y cuando se alcance un consenso sobre los aspectos a modificar".

El coste final dependerá de lo que finalmente se proyecte, "que se valorará con los mismos precios unitarios contratados, salvo que existan unidades nuevas a realizar". Así lo señala el Gobierno central en su respuesta a una batería de preguntas formuladas en el Congreso por UPyD.

En ella señala que el proyecto de senda costera entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, redactado mediante una asistencia técnica que contrató la entonces Dirección General de Costas con la empresa CIPSA, "es conocido por el Ayuntamiento de Santander, que llevó además a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos precisos para ejecutar la obra".

"Se desconoce si el proyecto está vinculado y/o articulado con el plan especial del parque litoral público del norte proyectado por el Ayuntamiento de Santander", precisa el Gobierno tras recordar que las obras tienen dictada "una orden de suspensión temporal total y desde la fecha de la misma están paradas".

Añade que las modificaciones en el proyecto las tiene que aprobar la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, y puntualiza que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "procura siempre que sus actuaciones sean respetuosas con el entorno natural, buscando, como en este caso -dice-, acercar a los ciudadanos espacios de gran valor paisajístico, adoptando al mismo tiempo las medidas necesarias para evitar riesgos".

El Gobierno explica que la planificación de proyectos de este tipo "surgen en general de la sinergia entre los ayuntamientos y la administración del Estado; los primeros como conocedores de sus recursos y posibilidades, y el Estado, como garante de la aplicación de la legislación en materia de costas y muchas veces como órgano inversor" -como en este caso-.

Y a la pregunta sobre la adjudicación -con una rebaja de más del 50% sobre del precio de licitación-, el Gobierno señala que la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MAGRAMA consideró que la oferta presentada por Dragados para la ejecución de esta obra era "viable económicamente".

Valoración de upyd

UPyD ha señalado en nota de prensa que la respuesta del Gobierno de España "constata" que el Ayuntamiento de Santander era "plenamente conocedor" del proyecto y fue "un actor fundamental de todo el proceso".

El candidato de UPyD a la Presidencia de Cantabria, Román San Emeterio-Pedraja, afirma al respecto que el alcalde, Iñigo de la Serna (PP), "vendió el proyecto como propio hasta que la cruda realidad de una obra atroz le hizo intentar abandonar el barco de la corresponsabilidad desviando la atención hacia la autoridad estatal de Costas".

"Era mucho esperar una sincera autocrítica del Gobierno sobre lo que a todas luces es un fracaso" añade en alusión a la valoración de que la gestión del proyecto ha sido "correcta". "Obviamente, los trámites mínimos de exposición pública, pueden pasar completamente desapercibidos para la ciudadanía, algo que encontramos lamentable y que debería ser revisado para proyectos de esta trascendencia", afirma Íñigo Velasco, candidato de UPyD a la Alcaldía de Santander.

UPyD ha puesto a disposición de la ciudadanía, en su página web y redes sociales, las 19 preguntas realizadas en el Congreso y las correspondientes respuestas recibidas.