Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes han reclamado la creación de una comisión de investigación en el parlamento autonómico por las supuestas irregularidades en la gestión del Palau de les Arts a cargo de su intendente, Helga Schmidt, y al Consell una "reacción contundente e inmediata" para "apartar" de su cargo a la responsables del coliseo valenciano.

Así se han pronunciado los grupos de la oposición en relación a la información publicada por el diario 'El Mundo' en la que asegura que una investigación de la Intervención de la Generalitat —dependiente de la Conselleria de Hacienda— sobre la gestión del Palau de les Arts refleja que la intendente del teatro, Helga Schmidt, habría creado una empresa privada junto a un grupo de empresarios valencianos tras dejar sin contenido el departamento de Patrocinios y que habría cobrado unos 508.000 euros en comisiones de sponsors hasta 2011.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha pedido la apertura de una comisión de investigación y que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "aporte hasta el último dato sobre lo que ha pasado en el Palau de Les Arts". Asimismo, considera "indignante que en una comunidad autónoma con el 31 por ciento de exclusión social exista este despilfarro masivo y este robo generalizado". A su juicio, la Comunitat "está impregnada de corrupción.

En relación a este caso, ha señalado que "hace una año los medios de comunicación ya denunciaron lo que estaba pasando y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, salió a defender la gestión de Schmidt". Para Puig, "esto evidencia que el PP no quiere acabar con la corrupción, por eso es necesario pasar página del PP".

Además, ha hecho hincapié en que "existe una responsabilidad política, porque a Helga Schmidt la contrató el PP, la mantiene el PP y avala su manera de actuar". Por eso, ha remarcado que "el responsable político es quien debe dimitir, porque ha permitido y ha avalado la corrupción en la Comunitat Valenciana".

La diputada de Compromís Mireia Mollà considera que es necesaria una "reacción contundente e inmediata del Consell". Esto "implica apartar a Schmidt de cualquier tipo de gestión que tenga en asuntos públicos" e "iniciar todos los trámites administrativos y judiciales para recuperar el dinero que, por lo que indica el informe, podría llevar a un desvío de fondos públicos para intereses espurios e ilegales. Además, también ha instado a que se "aparte de sus responsabilidades" al frente del Consell Jurídic Consultiu, a Vicente Garrido, por su supuesta implicación en este caso, como socio de Helga Schmidt.

"No queremos esperar a que Fiscalía Anticorrupción tenga o no iniciativa de llevar esto más allá", sino que "queremos que el Consell, que tiene herramientas, interponga una denuncia para que se recupere el dinero y, en el ámbito judicial, paguen quienes hayan podido hacer este desvío de fondos", ha agregado Mollà.

La portavoz adjunta de EUPV en las Corts, Esther López Barceló, ha exigido la apertura de una comisión de investigación inmediata "para esclarecer todas las responsabilidades políticas sobre el derroche de los recursos públicos y las irregularidades en la gestión del Palau de les Arts en manos de Helga Schmidt".

Así, ha dicho que es "gravísimo" que la intendente "solapara una actividad propia del Palau, realizada por trabajadores de éste, con una empresa privada que en paralelo realizaba esta misma actividad y la cobraba aparte", en la que, además, tenía como socio al presidente del Consejo Jurídico Consultivo, "quien también tendrá que dar explicaciones", ha apuntado.

Viajes y hoteles

En este sentido, ha recordado que el contrato de Schmidt con el Palau de les Arts, que hizo público EU hace un mes, "ya deja claro que no podía compatibilizar dos contratos, a excepción de si se daba el visto bueno por parte de la Fundación del Palau de les Arts".

"Por lo que si esto ha ocurrido —ha proseguido—, estamos ante una gran irresponsabilidad, porque entre otros despropósitos, podríamos haber estado pagándole a Schmidt viajes que justificaba como públicos pero que eran actividad privada" y en los que se ha gastado "cerca de 400.000 euros del erario público".