El Ayuntamiento de Albox (Almería) ha trasladado este martes "extrañeza" ante el auto judicial que le impone una fianza civil de más de 3,1 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la demolición de 98 viviendas construidas sobre suelo no urbanizable y sin licencia municipal y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudiarán la resolución "cuando tengamos conocimiento y seamos notificados".

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Consistorio "nunca ha sido parte" en el procedimiento penal contra dos constructores y han subrayado que para que opere una responsabilidad civil subsidiaria como la fijada por el Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa "es necesario que concurra como condición inexorable el que exista una responsabilidad penal por parte de una persona con vinculación al Ayuntamiento, algo que no se da en este caso".

Al hilo de esto, han indicado que, sin perjuicio de lo que consideran a priori de una resolución "no ajustada a derecho", los servicios jurídicos del Consistorio "estudiarán y valorarán el auto, primando como siempre el velar por el interés de los ciudadanos de Albox".

Las mismas fuentes han remarcado, por otra parte, que el residencial localizado en el paraje 'El Romeral-La Aljambra' se construyó entre 2004 y 2005 "bajo mandato de un gobierno del PP" y han señalado que la Fiscalía habla en su escrito de calificación provisional de dos órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y en septiembre de 2004.

El juez ha impuesto al Ayuntamiento de Albox (Almería) y a tres mercantiles una fianza civil de más de 3,1 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuarias que se deriven en el marco de la causa contra los dos constructores ya que, en este proceso, la Fiscalía interesa, además de penas de prisión y de inhabilitación especial, la demolición de 98 viviendas propiedad de ciudadanos británicos.

El auto de apertura de juicio oral, consultado por Europa Press, señala como responsables civiles al Consistorio albojense y a las empresas 'Proyecto y Construcciones Almanzora S.L.', Procoal Villas S.L., y Empire Villas S.L. mientras que a los acusados Juan Francisco A.G. y Diego Luis A.H. les pide fianzas de 3,8 y 3,1 millones, respectivamente, ya que al primero de ellos se le imputa además dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

A un tercer enjuiciado, arquitecto técnico y contra el que el Ministerio Público no ha formulado acusación sino una de las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa en representación de los compradores de las casas, le pide también 3,1 millones de euros de caución en una resolución por la que el Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa remite el procedimiento a los juzgados de lo Penal para reparto y señalamiento.

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