El juicio contra las cinco personas acusadas de agredir a un capataz de la mina de Zarréu, cuando evacuaba a tres empleados heridos en un accidente, ha quedado este lunes visto para sentencia, en el juzgado de Lo Penal número 3 de Oviedo. La vista finalmente se ha celebrada, después de que las partes no llegasen a un acuerdo.

Según fuentes de la defensa, la acusación no aceptó un pacto que incluía el pago de la responsabilidad civil subsidiaria, y se celebró el juicio, en el que declararon varios testigos, entre ellos, tres de los guardias civiles que tomaron parte en el dispositivo que actuó el día de los hechos.

La acusación particular del capitaz agredido, R.R.G., ha mantenido la petición de 6,5 años para cada uno de los cinco acusados, mientras que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años. La defensa ha pedido la libre absolución. Fuentes de los representantes legales de los cinco juzgados hoy han explicado en declaraciones a Europa Press que fueron detenidos de forma arbitraria, porque en el incidente participaron una treintena de personas. Además, han sostenido que las lesiones denuciadas por la víctima no revisten categoría de delito, sino de falta, puesto que no hubo procedimiento médico-quirúrgico y el único tratamiento aplicado fue la toma de antiinflamatorios y analgésicos.

Han incidido además en el contexto en el que se produjeron los hechos. Según estas fuentes, había un grupo de unas 200 personas a la entrada de la mina, esperando a que saliesen tres trabajadores atrapados por una explosión. Tras rescatarlos utilizando el explosivo 'Goma 2' (procedimiento no permitido, según los representantes de uno de los acusados), la víctima evacuó a los heridos en su coche, en lugar de permitir un traslado en ambulancia, motivo que encendió los ánimos de los congregados.

La versión de la Fiscalía es que cuando R. R. G., ingeniero técnico en esta explotación, se dirigía, junto con los mineros que habían sido rescatados del accidente, desde la mina hasta el denominado 'Piso 0', lugar donde se encontraban los vestuarios, fue seguido por numerosas personas en diversos vehículos.

A mitad de camino, el vehículo de R. R. G., propiedad de Unión Minera del Norte, S.A. (UMINSA), fue interceptado por dos vehículos que se cruzaron para impedirle el paso. Una vez que se detuvo, fue rodeado por una multitud de personas que superaba el centenar. Formando parte de ella estaban los cinco acusados, quienes, actuando en unión de una treintena de personas, zarandearon el vehículo y trataron de volcarlo. Además, le propinaron múltiples puñetazos y patadas, tanto al vehículo como a R. R. G, al cual intentaron sacar a la fuerza del interior, al tiempo que decían que lo iban a matar.

En un determinado momento, dos agentes de la Guardia Civil lograron colocarse al lado de las puertas del conductor y trasera izquierda con el fin de proteger a R. R. G. Ante ello, la treintena de personas, entre las que estaban los acusados, comenzaron a decir a los agentes que se fueran o, de lo contrario, les iban agredir a ellos, al tiempo que les rodeaban y trataban de apartarlos.

También intervino un sargento de la Guardia Civil, el cual, cuando el grupo consiguió agarrar a R. R. G. y asomarlo por la ventanilla del vehículo, trató de recuperar la posición para protegerlo. Ante la situación de peligro para R. R. G. y para los otros guardias, el sargento retrocedió unos 20 metros y efectuó un disparo al aire de advertencia, como único modo de dispersar a los acusados. En ese momento, varias de las personas que formaban parte del grupo de los acusados se dirigieron hacia el sargento, entre ellas uno de los acusados, que le increpó y le dijo que le iba a arrebatar el arma reglamentaria.

Traumatismo craneoencefálico

La Fiscalía ha afirmado que a consecuencia de la agresión, R. R. G., al cual arrancaron una bolsa de ileostomía que llevaba, sufrió traumatismo craneo-encefálico con hematomas en región orbitaria derecha y herida inciso-contusa en el pabellón auricular derecho, contusiones y hematomas en la región posterior del cuello y el antebrazo izquierdo, erosiones en la región nasal y policontusiones en las regiones molares, el abdomen y la región lumbar..

El coste de reparación de los desperfectos causados en el vehículo fue pericialmente tasado en un total de 1.513,36 euros.

Tres de los acusados cuentan con antecedentes penales, dos de ellos fueron condenados en abril de 1996 por un delito de daños y el acusado que era concejal en Degaña en esos momentos fue condenado en septiembre de 2004 por un delito de lesiones. Los otros dos acusados no tienen antecedentes penales.

La Fiscalía ha considerado considera que los cinco acusados cometieron un delito de atentado, un delito de amenazas, otro delito de daños y una falta de lesiones en los que concurre la agravante de abuso de superioridad.

Así, el Ministerio Fiscal ha solicitado, además de las penas de tres años y seis meses de prisión (dos años y seis meses por el delito de atentado y un año por el delito de amenazas), prohibición de acercarse a menos de 200 metros de R. R. G., a su domicilio y lugar de trabajo, y comunicarse con él por cualquier medio durante tres años, el pago de una multa de 4.800 euros (20 meses a razón de 8 euros diarios), con un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y 12 días de localización permanente junto con el abono de las costas procesales.

Por último, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía ha pedido que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a R. R. G. con 1.140 euros, a UMINSA con 1.513,36 euros y al Complejo Asistencial Universitario de León, donde fue tratado R.R.G., con la cantidad que se determine en concepto de los gastos por la asistencia al ingeniero agredido.

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