El Grupo Juntero Socialista presentará este martes una propuesta en las Juntas Generales de Álava en la que planteará la presentación de una cuestión prejudicial en el Tribunal Supremo hacia el Tribunal Europeo de Estrasburgo, aprovechando el periodo de alegaciones del recurso que sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña han presentado las Juntas Generales de Álava.

En un comunicado, los socialistas han explicado que creen que el actual Decreto sobre gestión responsable del combustible nuclear, modificado por el Gobierno del PP y que facilita la reapertura de Garoña, "vulnera" la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medioambiente.

Por ello, han anunciado que presentarán una propuesta en la Junta de Portavoces de las Juntas Generales de Álava en la que planteará la presentación de una cuestión prejudicial en el Tribunal Supremo hacia el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

La secretaria general del PSE de Álava y portavoz socialista en las Juntas Generales de Álava, Cristina González, ha denunciado que se ha modificado la legislación española para "favorecer intereses privados, en contra de la mayoría de la opinión pública y sin tener en cuenta la evaluación del impacto medioambiental que exige la normativa europea".

Razones de la reapertura

En este sentido, ha subrayado que las modificaciones legislativas del Gobierno central "dan la posibilidad de la reapertura de centrales nucleares por razones diferentes a la seguridad, sin exigir para la concesión de la licencia ningún tipo de evaluación de impacto medioambiental, yendo en contra de la orientación de la legislación de la Unión Europea".

"El Grupo Juntero Socialista, firme en su compromiso por la no reapertura de Garoña, seguirá agotando todos los procedimientos posibles, tanto políticos como jurídicos, para evitar la reapertura de la central nuclear por intereses económicos que no tienen en cuenta el peligro medioambiental y para la ciudadanía", ha insistido.

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