El juez ha impuesto al Ayuntamiento de Albox (Almería) y a tres mercantiles una fianza civil de más de 3,1 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecunarias que se deriven en el marco de la causa contra los dos constructores de un residencial ya que, en este proceso, la Fiscalía interesa, además de penas de prisión y de inhabilitación especial, la demolición de 98 viviendas propiedad de ciudadanos británicos.

El auto de apertura de juicio oral, consultado por Europa Press, señala como responsables civiles al Consistorio albojense y a las empresas 'Proyecto y Construcciones Almanzora S.L.', Procoal Villas S.L., y Empire Villas S.L. mientras que a los acusados Juan Francisco A.G. y Diego Luis A.H. les pide fianzas de 3,8 y 3,1 millones, respectivamente, ya que al primero de ellos se le imputa además dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

A un tercer enjuiciado, arquitecto técnico y contra el que el Ministerio Público no ha formulado acusación sino una de las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa en representación de los compradores de las casas, le pide también 3,1 millones de euros de caución en una resolución por la que el Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa remite el procedimiento a los juzgados de lo Penal para reparto y señalamiento.

Las 98 viviendas sobre las que pesa orden de derribo, cuantificado en 688.666,95 euros que la Fiscalía interesa que asuman los promotores, se levantaron en el paraje 'El Romeral-La Aljambra' entre los años 2004 y 2006 sobre un suelo calificado como no urbanizable y sin la preceptiva licencia municipal de obras, por lo que, según recoge el escrito de calificación provisional, "no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox".

Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal 2 de Almería condenó en septiembre al Ayuntamiento de Albox a indemnizar por daños morales a tres familias de origen británico que, en 2004, adquirieron viviendas en la urbanización 'Las Palmeras', construidas sobre suelo no urbanizable, y a una cuarta familia por los perjuicios causados ya que, después de que la obra quedase paralizada, tuvieron que vivir de alquiler hasta que regresaron a Reino Unido.

Por otra parte, y al margen de la indemnización cuyo total asciende a 142.800 euros y de la que se declaró al Consistorio albojense responsable civil subsidiario, la jueza rechazaba ordenar la demolición de los inmuebles al considerar que esto causaría "más perjuicios que beneficios" ya que, según señalaba, por un lado las viviendas "podrían ser legalizadas" en un plazo "que depende de los trámites administrativos" y, por otro lado, los perjudicados habían comprado de "buena fe".

El juez Víctor Manuel Samper se aviene en el auto de apertura de juicio oral, notificado a las partes la pasada semana, a la petición de dos de las cuatro acusaciones particulares que, en sus escritos, interesan, asimismo, que no se acuerde el derribo de las 98 viviendas ya que "resultarían gravemente perjudicadas terceras personas de buena fe" y que se indemnice a cada uno de los compradores con cantidades que oscilan entre los 100.000 y 50.000 euros.

El relato de hechos del Ministerio Público recoge que Juan Francisco A.H., gerente de la promotora Proyecto y Construcciones Almanzora S.L. y de las constructoras Procoal Villas S.L. y Empire Villas S.L., y su hermano Diego Luis A.H., arquitecto de profesión y técnico director, llevaron a cabo la edificación de 98 viviendas en "terreno clasificado como suelo no urbanizable" y sin licencia municipal.

Señala que el primero de ellos, a través de las anteriores mercantiles, celebró, asimismo, contratos de compraventa de las referidas viviendas no autorizables con terceras personas, en su mayoría ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora almeriense.

La Fiscalía reprocha también a J.F.A.H. que, pese a que tenía "conocimiento" de que pesaban sobre el residencial órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y en septiembre de 2004, hiciese presuntamente "caso omiso" y no sólo continuase la obra "ya iniciada, sino que además" construye "nuevas en las mismas parcelas".

Supuesto falseo del precio de venta

El principal acusado se enfrenta también a dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública ya que, con el objetivo supuesto de "evadir el pago de los correspondientes impuestos", hacía constar en las escrituras de venta "un precio muy inferior al realmente abonado por los compradores". De esta manera, en la anualidad 2005 del IRPF "dejó indebidamente de ingresar al erario público 194.108,41 euros" mientras que la cuantía en 2004 por este mismo concepto fue de "156.554,17 euros".

En la vista oral, el fiscal va a interesar para J.F.A.H. penas que suman seis años y nueve meses de cárcel como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, un delito de desobediencia, y dos contra la Hacienda Pública mientras que para D.L.A.H. va a pedir dos años de cárcel por el primero de los delitos. Al margen de las penas de prisión, para ambos solicita el pago de una multa de 24 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por periodo de dos años.

El promotor y constructor del residencia se enfrenta, asimismo, por los delitos fiscales a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de cuatro años.

Reivindicación de los afectados

Una de las principales reivindicaciones de las asociaciones AUAN y SOHA que agrupan a propietarios, en su mayoría de origen británico, de viviendas ilegales en Andalucía, ha sido la de que se promuevan cambios en el Código Penal para tratar de garantizar una indemnización a los ciudadanos que, de buena fe, adquirieron inmuebles que están fuera del ordenamiento jurídico.

Así se expresó a finales de 2014 en un ciclo de mesas redondas auspiciadas por los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Almería con la colaboración de AUAN en el que se analizó problemática de las viviendas incursas en procedimientos judiciales de carácter penal y sus consecuencias al tiempo que se subrayó la situación en la que quedan los dueños cuando una vez demolidas y en la mayoría de los casos, no reciben la indemnización al declararse el promotor o constructor, responsable civil, insolvente.

El abogado del colectivo Gerardo Vázquez proponía una modificación de artículo 319.1 del Código Penal que castiga los delitos contra la ordenación del territorio para introducir la matización de que las indemnizaciones a terceros de buena fe "se deberán garantizar en todo caso como condición previa a la demolición" y que "para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización, no se podrá ordenar la demolición

Este planteamiento se tradujo a principios de diciembre en una enmienda en el Senado al proyecto de ley de reforma del Código Penal por parte del grupo parlamentario del PSOE.

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