La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los nueve sistemas colectivos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos —Ecotic, Ecolec, Ambilamp, Ecolum, ERP, ECO-RAAE, Ecoasimelec, Ecofimática y Tragamóvil— han firmado este lunes un convenio marco con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa vigente sobre estos residuos.

Para ello, se establecen una serie de compromisos para mejorar los objetivos legales de recogida selectiva, reutilización, reciclado y valorización y para promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva, realizando las operaciones de traslado de forma que pueda lograrse la mejor descontaminación, reutilización y reciclado, a fin de, entre otros aspectos, poner coto al fraude y al mercado negro existente respecto a estos productos.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, ha recordado que el 90 por ciento de los elementos de los aparatos que funcionan con electricidad o baterías son reciclables. Con la rúbrica de este documento se persigue un doble objetivo, ambiental y económico. Por un lado, la mejora de estos servicios reducirá la contaminación que estos aparatos generan tras su vida útil; por otro, estos propósitos implican un aumento de la actividad económica 'verde' y, concretamente, la del sector, que emplea en Andalucía a 23.000 personas y factura en torno a los 2.200 millones de euros.

La comunidad autónoma andaluza fue, en 2010, la que mejores registros de reciclaje de estos aparatos tuvo, con 2,8 kilogramos al año por habitante. Los índices no han aumentado, lo que, según Serrano, puede deberse a la crisis y las subsiguientes actividades relacionadas con el fraude, por lo que se pretende "poner medidas de control".

Así, en el acuerdo se definen medidas para la financiación de los costes adicionales soportados por los gobiernos locales de la recogida selectiva de los residuos por parte de los sistemas colectivos, que será sufragada íntegramente por éstos, y se establecen los mecanismos para que garanticen el tratamiento correcto de los elementos peligrosos, el reciclado y valorización de los residuos, de acuerdo con la normativa aplicable. Este acuerdo, firmado como un convenio marco, queda abierto a la adhesión de las administraciones locales, que además podrán suscribir los acuerdos particulares con los sistemas de gestión que consideren.

"Cuantos más aparatos reciclen más dinero verán en sus arcas municipales", ha resumido la consejera, que también ha dado cuenta de la concienciación a ciudadanos y empresarios para que "colaboren y cumplan con las normativas".

Se realizarán campañas de concienciación social tendentes a sensibilizar a la población con vistas a facilitar el logro de los objetivos medioambientales. También, a fin de evitar actividades no deseadas en relación a este tipo de residuos, se elaborará un Plan de Actuación conjunta de las administraciones y los sistemas firmantes de lucha contra el fraude, que se incluirá en los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales.

Más de 9.000

Empresas medioambientales andaluzas

Según los últimos datos, la comunidad autónoma está la cabeza en número de empresas medioambientales, con 9.560 entidades. Además, este subsector registró en la región un aumento de contratación del 7,9 por ciento.

El Reglamento de Residuos de Andalucía establece la obligatoriedad de celebrar convenios de colaboración para garantizar la participación en la consecución de los objetivos establecidos de todos los operadores económicos y las autoridades públicas competentes.

En la Comunidad autónoma se han puesto en el mercado en 2013 un total de 75.364 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, de las que un 85 por ciento se refieren a aparatos comercializados en el ámbito doméstico. La cantidad de residuos asociados procedentes de hogares particulares recogidos en la región durante ese año (17.046 toneladas) supone 2 kilos por habitante y año, frente al objetivo de 4 kilos por habitante y año establecido por la Unión Europea para España.

Además, debe tenerse en cuenta que a partir de 2015 este objetivo se medirá en relación a la cantidad de aparatos puestos en el mercado mediante el llamado índice de recogida, que deberá ser, como mínimo, del 45 por ciento. El índice de recogida correspondiente al año 2013 es ligeramente inferior al establecido para 2015, concretamente del 42 por ciento.

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