La responsable hasta la fecha de urbanismo y otras áreas en el Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, dejará de ser concejala con competencias, según el decreto que firmará este lunes el alcalde, Agustín Fernández, y será edila solo hasta que el pleno acepte —en febrero— su renuncia al acta, según anunciaron ambos, tras el auto de apertura de juicio oral contra la edila, por un supuesto delito de prevaricación urbanística.

Las primeras palabras públicas de Soto, en rueda de prensa, fueron para relatar, dando lectura a tres folios de texto, que esta situación suya es "consecuencia de una hiperactividad judicial" que comenzó cuando ella llegó al cargo y "cortó e impidió a un promotor llevarse otra vez el 10 por ciento de aprovechamiento municipal".

Ni Soto ni Fernández pronunciaron una sola vez la palabra dimisión, pero sí detallaron el proceso por el que Soto dejará tanto las competencias de las áreas de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Generales, Contratación y Sistemas de Información, como su acta de edila.

En el caso de las competencias, el alcalde explicó que pasarán a ser suyas temporalmente "hasta que se distribuyan entre el resto del equipo de Gobierno, tras unos días de reflexión" pues el regidor no las va tener hasta el final del mandato.

Fernández aseguró que se va una persona "honesta, trabajadora, gran profesional e inocente, como se acreditará", y aludió al motivo que llevará a Soto al banquillo, para subrayar que "no todos los casos de corrupción son iguales" y en éste, "se defendió el interés vecinal de evitar la demolición de viviendas en la plaza de San Antonio. "Pero un promotor usó este tema para hacer chantaje judicial por sus intereses en otras zonas de la ciudad", criticó.

Cese por lealtad

El regidor detalló que firmará este lunes un decreto que "cesa a la edila en el ejercicio de sus competencias, en cumplimiento del código ético que se dio el PSOE y que se va a cumplir, por lealtad al partido". "Pero Áurea es inocente", reiteró.

La junta de gobierno local, según Soto y el regidor, acordará formalmente la retirada de competencias decretada por el alcalde y hasta que el pleno municipal "dé cuenta de la entrega del acta de edila", Soto será concejala sin competencias.

Durante la rueda de prensa casi todo el equipo de gobierno socialista —ninguno de los ediles díscolos— escuchó las comparecencias desde el gallinero del salón de plenos, además de la secretaria general de la agrupación local socialista, Carmen Rodríguez y el secretario de organización, Pablo López, junto al exdirector general del BNG en una de las áreas de urbanismo, Xosé Carballido Presas.

La edila de Urbanismo desde 2007 en el Ayuntamiento de Ourense incidió en el papel del partido local Democracia Ourensana y del promotor propietario de Casas Ourense, en su situación judicial, y reiteró que si ella hubiese mantenido "las costumbres de antaño, de que el Ayuntamiento no reclamase el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico de cada actuación, nada habría ocurrido".

Licencias del pp

Se refirió a la plaza de San Antonio para recordar que su imputación es el final de un proceso iniciado "por licencias otorgadas por el PP, anuladas en 1999, 2000, 2001 y 2002 y construidas, y anuladas de nuevo en 2004 con responsabilidad patrimonial derivada de 40 millones de euros para el ayuntamiento, además de daños a 200 vecinos".

Con la apertura de su juicio oral, aún sin fecha, "se hizo la primera parte de un trabajo sucio, y así se demostrará en el juicio, pero consiguieron su primer objetivo que era sacar a la persona que les molestaba", criticó Soto.

Dijo acogerse al derecho constitucional de "no permitir dilación" y pidió que el juicio "sea antes de las elecciones, para que la posible absolución permita reparar minimamente el grave daño político causado por este auto", y agregó que esos tiempos judiciales son posibles "como se demostró en Santiago de Compostela, donde toda una junta de gobierno pasó por juicio en dos meses".

Anunció que si se "eterniza" y el juicio se celebra dentro de dos o tres años "será lo más oportuno para los intereses de ese promotor", y remató la lectura de su intervención parafraseando al poeta local José Ángel Valente: "Alejarme solamente fue una forma de quedar para siempre" (en gallego en el original).

Clamor social

El regidor, por su parte, manifestó que siempre apoyó a la edila y lo seguirá haciendo "en todas y cada una de las decisiones, incluso en las equivocadas, porque todos somos humanos".

Según el regidor, hay un "clamor social" contra los casos de corrupción "pero no son todos iguales" y en el caso de Soto —en el que él mismo y toda la junta de gobierno declararon como imputados en la instrucción—, un partido, DO, denunció un asunto ocurrido años antes de estar en la Corporación para que un promotor pudiese seguir con la "denuncia constante y sistemática en su estrategia de chantaje judicial".

Explicó que este no es un caso de corrupción para él, porque ni Áurea Soto ni familiares o amigos suyos "obtuvieron ningún beneficio" personal en este asunto. "Esto pone de manifiesto la debilidad de los ayuntamientos y de los ediles, pues debemos pagarnos la defensa ante este acoso judicial masivo", reprochó.

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