Telemadrid
Fachada de la sede de Telemadrid, en la Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón). ARCHIVO

El juzgado de instrucción número 36 de Madrid ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias iniciadas a raíz de una querella interpuesta por una asociación contra directivos de Telemadrid relacionada con la compra de derechos televisivos de varios clubes de fútbol.

El auto considera que los hechos denunciados por la Asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña no son constitutivos de ningún ilícito penal, según ha indicado en un comunicado Telemadrid, por lo que archiva la querella por presuntos delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

Los hechos fueron denunciados por la Asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña

En concreto, la asociación de extrabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) ejecutado en el canal hace dos años presentó una querella contra los ex directores generales de la corporación pública madrileña Manuel Soriano e Isabel Linares y contra el actual director general, Ángel Martín.

La querella denunciaba presuntos delitos de administración desleal y malversación en la compra en 2007 de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y el Getafe por parte de Madrid Deporte Audiovisual -sociedad creada por Telemadrid y Bankia- por un total de 300 millones de euros.

A juicio de la asociación, la compra a través de la sociedad Madrid Deporte Audiovisual S.A. de los derechos de emisión de los partidos de los clubes Atlético de Madrid y Getafe C.F. fue la causa del procedimiento de despido colectivo que se llevó a cabo en enero de 2013.

Los tres directivos fueron citados a declarar el pasado mes de diciembre tras ser citados por el titular del juzgado, Juan Antonio Toro Peña, tras la admisión a trámite de la querella.

En un auto fechado el pasado 7 de enero, el juez razona que es la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, y no la corporación Radio Televisión Madrid, la que "realiza los actos presuntamente que constituyen una administración fraudulenta".

Tras analizar las operación de compra y gestión de los derechos televisivos, el juez expone que "las operaciones realizadas por los querellados no tienen elemento alguno del delito imputado", ni en relación a Madrid Deporte Audiovisual ni en relación a los directivos.

El auto da un plazo de tres días a las partes para interponer un recurso de reforma contra las disposiciones tomadas por el juez.

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