El Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León ha acogido con satisfacción la modificación de la Ley de Montes estatal que permite urbanizar terrenos quemados, cuando hasta ahora cualquier actividad estaba prohibida por un periodo de treinta años.

El colectivo recuerda que el motivo de esta prohibición era desincentivar los incendios intencionados con una motivación urbanística: provocar incendios para luego urbanizar los terrenos, circunstancia a la que se achaca un porcentaje inferior al 0,3% de los fuegos de España.

Sin embargo, la organización colegial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, advierte de que esta medida pudo tener cierta relevancia en zonas de litoral con alta presión urbanística, "pero desde luego no la tuvo en el caso de Castilla y León, donde los incendios intencionados se concentran en comarcas como Ancares, La Cabrera, Sanabria o la Carballeda, donde la presión urbanística no es precisamente un problema".

Para urbanizar o roturar terrenos forestales quemados la excepción prevista en la modificación de la Ley exige la aprobación de una ley autonómica que incluya la declaración de "interés general prevalente" de la actuación, por lo que, en opinión de los ingenerios de montes, no parece probable que se produzca una explosión urbanizadora.

En cambio, el colectivo se felicita de que con la nueva modificación se puede evitar que un incendio accidental que afecte a terrenos forestales, no necesariamente arbolados, como pueden ser muchos baldíos próximos a ciudades o pueblos, bloquee la urbanización de esos terrenos durante 30 años, cuando muchas veces se trata de zonas de expansión natural de un casco urbano o de un polígono industrial.

Del resto de las disposiciones que han trascendido, los ingenerios de montes consideran especialmente importante para Castilla y León adoptar medidas destinadas a activar los llamados montes de socios, cuyo régimen legal ha impedido su gestión durante muchos años.

Estos montes fueron comprados en el siglo XIX por vecinos de los pueblos, y actualmente son propiedad indivisa de los herederos de esos vecinos. Estos herederos son en su mayor parte desconocidos desde hace generaciones, y las sucesivas reformas legales pretenden que no sea necesario localizar a todos los propietarios actuales para adoptar decisiones de gestión sobre ellos.

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