El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha admitido a trámite la denuncia que interpuso el concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín contra la Diócesis de Córdoba y el obispo, Demetrio Fernández; el Cabildo Catedralicio y sus integrantes y presidente, Manuel Pérez Moya, y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y el alcalde, José Antonio Nieto, por la situación de las inmatriculaciones de la Iglesia en la capital cordobesa.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que detallan que la juez de dicha instancia judicial ha abierto las diligencias previas de investigación y en ellas ha citado a declarar a Baquerín el 20 de enero.

En concreto, el edil señalaba en su denuncia que se ha generado "una extraordinaria alarma social" en la provincia y en especial en la capital, como consecuencia del "sorprendente descubrimiento de nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de inmuebles de aparente naturaleza pública llevadas a cabo en beneficio propio", a su juicio, "de forma aparentemente alevosa y en diferentes momentos por representantes diocesanos e instancias provinciales de la Iglesia Católica".

Al respecto, apunta que "la sensación de alarma se ve agravada por la total ausencia de transparencia acreditada por los actores, por su negativa a proporcionar información y por la continua aparición de nuevos hechos de parecida naturaleza, que determinan una inseguridad jurídica y una confusión crecientes entre la población cordobesa".

Por tanto, después de verificada tanto la información pública disponible como alguna otra recibida como consecuencia del ejercicio de cargo público y de ponderar de forma responsable su respectivo alcance, considera que varias de las conductas y actuaciones y protagonizadas por los denunciados, "resultan en apariencia irregulares y en algunos casos, pudieran ser constitutivas en diverso grado de presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de funciones y de falsedad documental, entre otros".

En este sentido, cita que "la Diócesis desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga la Ley Hipotecaria", algo que "ha hecho, al menos en algunos casos, sobre inmuebles que son de dominio público o que muy bien pudieran serlo", entre otros, todo ello, "mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna".

Además, indica que "la Diócesis ha permitido, y tal vez propiciado, en su exclusivo beneficio, que bienes inmuebles inmatriculados en su favor —algo que en apariencia las administraciones públicas competentes parece que debían desconocer— y que supuestamente por tanto ya antes de la inmatriculación venía considerando como propios, históricamente, antes y después de las inmatriculaciones, se hayan mantenido, limpiado y reparado a costa de recursos públicos".

Así, afirma que "si además se diera el caso de que la administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común", y en este caso, cree que "pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación", a lo que añade que "en algún caso se observa por parte del actual gobierno municipal, y no es descartable que haya ocurrido en otros anteriores, una extraña pasividad, una probable dejación de funciones en la adecuada protección de bienes pertenecientes al dominio público local e incluso una posible connivencia en el intento de desafección de alguno de ellos sin concurrir los requisitos legales necesarios".

Ante dicha situación descrita, cree que "pudieran concurrir presuntos delitos de prevaricación y falsedad", al tiempo que apunta que "no es excluible, al menos en algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de Córdoba".

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