De hecho, la de este lunes era la primera ocasión en que comparecía como imputado ante la justicia ordinaria, ya que sus dos anteriores declaraciones por la trama de las ITV las prestó ante el TSJC en calidad de imputado por cohecho y tráfico de influencias, la primera de ellas se prolongó durante más de diez horas. En ambas ocasiones, Pujol acudió arropado por la plana mayor de su partido y tras su declaración atendió a las preguntas de los periodistas.

Este lunes, sin embargo, ha llegado a la Ciudad de la Justicia poco después de las 9.00 horas pese a estar citado a las 12.30 horas, eludiendo así a la mayoría de medios de comunicación antes de comparecer ante la magistrada, quien iba a interrogarle por los presuntos cobros que recibió a través de la empresa de su esposa cambio de favorecer a un empresario amigo, hechos por los que se le han imputado delitos de cohecho y falsedad documental. A su salida, se ha limitado a decir que no tenía nada que añadir pero ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre si él y su esposa son inocentes ha añadido un lacónico "claro que lo somos", mientras se disponía a subirse a la moto.

El abogado del único hijo del expresidente de la Generalitat que se dedicó a la política, Xavier Melero, sí se ha atendido a los medios y ha explicado que tanto Pujol como su esposa, Anna Vidal, se han remitido a las declaraciones que en su día prestaron ante el TSJC porque, según su versión, en las conversaciones telefónicas intervenidas que dieron lugar a la causa principal ya figuraban hechos relacionados con la nueva imputación por cohecho.

Vidal también se han acogido a su derecho a no declarar, igual que el empresario y amigo del político, Sergi Alsina. Melero ha explicado que no tiene previsto presentar ninguna documentación acreditativa de la solvencia de los trabajos de asesoramiento que Anna Vidal facturó a Sergi Alsina, como hizo cuando el TSJC empezó a investigar si Oriol Pujol había cobrado comisiones del empresario a través de su esposa. En esa ocasión, los documentos aportados por Vidal y Alsina para justificar esos trabajos —de los que dijeron no existía ningún contrato firmado—no convencieron al juez instructor, que les reprochó que la defensa aportara "meras notas manuscritas" para intentar justificar la labor de la esposa de Pujol.

El fiscal Fernando Maldonado cree que simularon que Alsina contrató a la mujer de Pujol para trabajos de asesoramiento en operaciones empresariales entre 2010 y 2012, pero que en realidad quien cobraba era Pujol por su "inestimable" colaboración y uso de su posición. A su juicio, Pujol presuntamente "facilitó el acceso" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a altos cargos de la conselleria del ramo, entre otros.

El fiscal cree que los servicios que realmente pagaba Alsina eran presuntamente los que prestaba Oriol Pujol, "quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio y de los otros dos imputados". El importe total de las facturas giradas y cobradas por Vidal por los servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2008, y de 2010 a 2012, fue de 499.060 euros, según la Fiscalía.

Las operaciones que contrataron a Alsina y en las que presuntamente simularon la participación de Vidal fueron, entre otras, la venta de la planta de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El que supuestamente hizo las gestiones fue Oriol Pujol: hablando con los dueños de uno de los interesados en la compra, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat, el director de la Agencia Tributaria Catalana y altos cargos de la Conselleria, y lo hizo "coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi Alsina, o incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación".

"Gracias a la labor fundamental del imputado Oriol Pujol, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del imputado Sergi Alsina, tuvo el éxito esperado", concluye el fiscal.

Alsina también fue contratado para crear un parque de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y promover una carpa en las instalaciones de la firma en Martorell (Barcelona); una vez más, Vidal "se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias, al margen de copiar elaborada por otras personas, carente de valor".

Fue Oriol Pujol quien "intervino directa o indirectamente ante el alcalde de Martorell para la consecución de los fines perseguidos": la recalificación de terrenos para uso industrial en las proximidades de la planta y la adjudicación con concurso público restringido de la carpa.

Según el fiscal, en el caso de Yamaha —que decidió trasladar en 2011 sus activos— la sociedad contrató a Alsina, y la participación de Pujol también benefició a los acusados: facilitó contactos con altos cargos de la conselleria y el director de la Agencia Tributaria Catalana.

Por otra parte, Sony había decidido trasladar sus activos, para lo que contrató también a Alsina para ayudarle a buscar un comprador; en esta operación, también contactó, al menos, con el director de la Agencia Tributaria Catalana "a fin de obtener beneficios fiscales para la operación".

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, citará en días posteriores a declarar a nueve testigos; entre ellos, al presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de Martorell, Salvador Esteve; al presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco, y a varios empresarios.