Pepa Ferrando solicita al Comité de Derechos y Garantías del PPCV que anule su suspensión de militancia

La expresidenta del PP de Orihuela (Alicante), Pepa Ferrando, ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías del PPCV que "anule todas las actuaciones realizadas hasta el momento en el procedimiento sancionador" solicitado por el Comité Ejecutivo del PP en la provincia de Alicante y levante así su suspensión de militancia.

La expresidenta del PP de Orihuela (Alicante), Pepa Ferrando, ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías del PPCV que "anule todas las actuaciones realizadas hasta el momento en el procedimiento sancionador" solicitado por el Comité Ejecutivo del PP en la provincia de Alicante y levante así su suspensión de militancia.

En un escrito, remitido también al Comité Nacional de Derechos y Garantías, Ferrando pide que "se devuelvan todas las actuaciones al momento del acuerdo de dicho Comité Ejecutivo para que me sean informados los hechos que se me imputan y se me dé el correspondiente plazo de defensa estipulado en los Estatutos del partido".

En el relato de los hechos Ferrando asegura que "tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, y sólo a través de estos, de la solicitud al órgano por parte de la dirección del PP en la provincia de Alicante de apertura de un expediente sancionador y de suspensión de militancia" y que por los mismos medios conoció el acuerdo de apertura de expediente sancionador y suspensión de militancia adoptado por acuerdo del Comité de Derechos y Garantías del PPCV.

Además, afirma que a fecha miércoles 7 de enero seguía "sin recibir comunicación alguna ni del acuerdo inicial adoptado" a pesar de que se puso en contacto telefónico con el presidente del Comité de Derechos y Garantías de PP, quien le emplazó a esperar a que contactara con ella la instructora del procedimiento, Tania Ortiz, el 5 de enero.

Ferrando alega que los estatutos del PP nacional y el Reglamento de Organización del PP de Alicante, concretamente a su artículo 7 apartado 2, dicen textualmente que "la declaración de pérdida automática de la condición de afiliado la acordará de forma motivada el Comité Ejecutivo Provincial, dando al afiliado inmediato traslado por escrito a tenor de la resolución".

Respecto a la posibilidad de alegar, el mismo artículo señala que el afiliado "podrá recurrir en el plazo de quince días hábiles ante el Comité Regional de Derechos y Garantías que resolverá en el plazo de un mes". Contra la resolución que este dicte podrá recurrir en el plazo de quince días en alzada ante el comité Nacional de Derechos y Garantías, que resolverá lo precedente en el plazo de tres meses.

La expresidenta asegura desconocer, habiendo sido ya suspendida cautelarmente de militancia, qué precepto tipificado en el régimen sancionador del partido ha incumplido, no pudiendo así articular en ningún caso su defensa. "Se han saltado el procedimiento que me otorga el derecho a la audiencia y a la contradicción principios estos informadores de todo procedimiento sancionador de nuestro ordenamiento jurídico", ha indicado.

Desconocimiento de la causa de la sanción

Ferrando considera que por todo lo anterior se han "vulnerado sus derechos" y cita el artículo 16. 3 de los Estatutos nacionales del PP para reiterar su posición, "al no ser comunicado por escrito (ni por ninguna otra forma) la formulación del oportuno pliego de cargos para poder ser contestado y poder proponer pruebas que fundamenten mi defensa, aún volviendo a reiterar que dicha defensa no puede ser articulada debido al total desconocimiento de los preceptos del régimen sancionador que se me imputan".

Por último, en su escrito de alegaciones señala que se está "deslegitimando la voluntad de aquellos ciudadanos que cada cita electoral respaldan masivamente la gestión del Partido Popular de Orihuela, y sobre todo la voluntad de 1.288 afiliados que en Asamblea eligieron ser representados por mí eligiéndome Presidenta el 12 de Diciembre de 2012".

Para el próximo lunes a las 19 horas el Presidente provisional del PP oriolano, Dámaso Aparicio, ha convocado un Comité ejecutivo, al que asistirá Isabel Bonig, secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, para clarificar a los afiliados la situación del PP en la localidad después de que se celebrara el pasado 7 de enero un comité ejecutivo en el que afines a Ferrando nombraron a José Francisco Pérez presidente del PP oriolano.

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