La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que la "nueva excepción" introducida en el proyecto de Ley de Montes que permite un cambio de uso de suelos incendiados pretende "disuadir" de fuegos intencionados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García Tejerina ha explicado el proyecto de Ley que incorpora una "nueva excepción" al artículo 50 de la ley en vigor, por la que cuando "concurran razones imperiosas de interés público" se podrá cambiar el uso de suelo.

Antes, según ha añadido, esto se podía hacer cuando ya había algún trámite iniciado para una infraestructura o cambio de uso de suelo, ahora esto se puede hacer sin necesidad de que se hubiera aprobado ningún trámite.

De este modo, la ministra ha dicho que este supuesto tendrá que estar recogido en una ley de las comunidades autónomas y que, en todo caso, se deberá reponer el daño causado. "Esto pretende que se provoquen incendios para evitar proyectos de interés general", ha resumido y que se pueda dar el supuesto de que una infraestructura como una autovía quede paralizada durante 30 años.

En concreto, ha puesto de ejemplo un propietario que conozca que se puede iniciar en una autovía que pase junto a su finca y con la ley actual "basta con que prenda" su propia finca para evitar que comience la obra. "Disuadir los incendios es una de las razones por las que se incorpora esta nueva excepción", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado los aspectos generales del proyecto de ley y ha precisado que un monte es toda la superficie menos la que tiene usos agrícolas o es urbana y a todo este tipo de superficie muy distinta es objeto de regulación esta ley.

La intención del Ejecutivo, según la ministra es "mejorar la gestión" porque "un monte gestionado es un monte cuidado y en el que se reducen los incendios forestales". La ministra no ha especificado la memoria económica de la Ley, pero ha defendido que se pretende el beneficio del monte y reactivar el medio rural a través de la diversificación de las actividades.

"Hemos puesto a disposición de los ciudadanos toda la riqueza que albergan", ha insistido, al tiempo que se ha referido a distintas actividades como el corcho, la caza, la resina, los piñones, las setas, las castañas y al "montón de riqueza que hay en los bosques y que está sin utilizar".

Para ello, el proyecto reclasifica los montes para "simplicar" las categorías e incorpora las figuras de gestión de modo que un monte solo pueda pertenecer a una categoría.

Reclasificación simplificada

Así, ha detallado que se definen en si es público o si sus propietarios son privados y si es público o privado pero cumple funciones de utilidad pública. Estos son los que protegen el suelo contra la erosión, los que están en las cabeceras de las cuencas hidrológicas o los que tienen especial riqueza o biodiversidad o previenen de inundaciones.

Respecto a los instrumentos de gestión, ha apuntado que a los que ya existían, ahora las comunidades autónomas podrán establecer modelos técnicos de gestión en tipo en función de los distintos montes de las comunidades autónomas. De este modo, basta con que los propietarios se adhieran voluntariamente para que se consideren montes ordenados. De este modo, ha defendido la aspiración de que los montes tengan un instrumento de gestión para hacer un uso más racional.

En concreto, ha dicho que regula los montes de socios con una legislación más detallada. Estos son montes que pertenecen proindiviso a varias personas y que se desconoce a alguno de sus propietarios. Ahora, se habilita un marco que permita la gestión del monte sin necesidad del acuerdo de todos sus propietarios.

Además, ha añadido que se crea un nueva figura que son las sociedades forestales como son los instrumentos de gestión agrupada, con el único fin es la explotación y el aprovechamiento común de los terrenos afectados. Estas sociedades permiten agruparse para el aprovechamiento.

"En España hay muchos montes que no están gestionados, están abandonados, se están deteriorando, porque su propiedad es desconocida o porque son pequeños para su gestión. Un monte gestionado es un monte cuidado y tiene muchas menos posibilidades de que se le prenda fuego. Contribuyen a que tengamos un mejor medio ambiente y está siendo una fuente de empleo y riqueza en el medio rural", ha valorado la ministra.

Por otro lado, el proyecto de ley adopta medidas para luchar contra la tala ilegal de madera y que esta pueda ser comercializada y tipifica las infracciones y clasifica las infracciones de modo que se tiene en cuenta no solo el daño, sino el tiempo de recuperación del daño causado y la cuantía económica.

Asimismo, el texto aprobado deja y obliga a las comunidades autónomas que sean ellas las que regulen la circulación rodada por las pistas forestales.

Con la reforma, el Ministerio elaborará con las comunidades autónomas una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para coordinar a los aspectos de la caza de más de una comunidades autónomas. Por ejemplo en lo que se refiere a los periodos de veda, como la regulación de la caza de especies migratorias, la regulación de especies foráneas o el reconocimiento de licencias de caza.

Finalmente, ha destacado la creación del registro nacional de infractores de caza y pesca que se incluye en este proyecto de ley porque facilitará el mecanismo de licencia única de caza. En este contexto, ha anunciado que en la próxima temporada de caza, las comunidades autónomas que hayan suscrito este convenio —hasta ahora Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, y recientemente Galicia, Asturias y Aragón— dispondrán de una licencia única de caza para que puedan cazar en todas esas comunidades con la misma licencia.