La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Noisa', ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos producidos de forma controlada para personas que se encuentran bajo un tratamiento determinado, a través de la operativa conocida como "comercio inverso". El operativo se ha saldado con 49 arrestados, entre ellos en principal encausado de la organización, residente en A Coruña.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación continúa abierta, habiéndose producido hasta el momento la detención de 49 personas, entre los que se encuentran 12 farmacéuticos, por delitos de organización criminal, contra la salud pública, y contra la hacienda pública.

Entre los detenidos se incluye el principal encausado de la organización, C.I.L.L., residente en A Coruña, quien, a través de relaciones personales y familiares, tenía "un acceso y control absoluto de la organización y de las líneas de adquisición y distribución de medicamentos", añaden las mismas fuentes.

Con el método empleado y apoyándose en un entramado empresarial declarado en parte como almacén mayorista de medicamentos, según relata el Instituto Armado, adquirían fármacos de diversa naturaleza "directamente de un número considerable de farmacias distribuidas en diversos puntos de España eludiendo el canal regular de fabricación y distribución de medicamentos". Este sistema constituye una práctica prohibida, ya que las farmacias únicamente pueden dispensar a particulares y nunca a empresas o distribuidores.

La operación se ha desarrollado de manera conjunta con la Agencia Tributaria, que ha participado en los registros efectuados y se encargará de la cuantificación del fraude fiscal supuestamente cometido por la organización.

Oferta fuera de españa

Los ofertaban principalmente fuera de España, por lo que "han puesto en riesgo la salud del colectivo de personas que dependen de estos fármacos", añaden las mismas fuentes, que precisan que han detenido a 49 personas, de las cuales 12 trabajaban en farmacias.

En los registros efectuados, los agentes han incautado de "gran cantidad de medicamentos", entre los que se encuentran más de 1.200 envases de medicamentos psicotrópicos, un revólver, 60.000 euros y 4.000 dólares, numerosa documentación, equipos informáticos y seis vehículos de alta gama. Igualmente se han intervenido numerosas cuentas corrientes y otros productos financieros.

INICIO

La investigación se inició tras interponer una asociación infantil de lucha contra el cáncer una denuncia, donde se ponía en conocimiento de la Guardia Civil el desabastecimiento en el mercado de ciertos medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

A partir de la denuncia, la Guardia Civil realizó una investigación que permitió identificar a una organización "perfectamente estructurada", según resalta el Instituto Armado, que operaba en todo el territorio nacional, especialmente en Barcelona, A Coruña, Lugo, Valencia y Madrid.

La trama investigada solicitaba a las farmacias medicamentos para, posteriormente, ser reenviados a empresas radicadas en el extranjero. El beneficio obtenido es que medicamentos adquiridos en España a precio de mercado tasado y regulado (más una comisión entregada a la farmacia que de este modo también se beneficia) se vendían en terceros países (fundamentalmente Dinamarca, Reino Unido, Suiza y Holanda) a precio de mercado libre muy superior obteniendo así cuantiosos beneficios.

De este modo se constató que la Oficinas de Farmacia, a través de sus proveedores habituales, obtenían los medicamentos requeridos por la trama, y una vez completado el pedido, contactaban con los investigados, con vistas a la recogida del mismo por personas contratadas para ello que se desplazaban hasta la farmacia, o bien mediante empresas de paquetería, efectuándose los transportes en condiciones que no garantizan una conservación adecuada de los medicamentos.

TAPADERA

Para dificultar ser detectados, la organización creó un entramado de más de 40 empresas pantalla, que le servían de tapadera para justificar los envíos y cuadrar las actividades económicas.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid en el marco de diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid.

Ha contado con el apoyo de diversas unidades de la Guardia Civil y la colaboración del Ministerio de Sanidad (Grupo de Investigación GISS), consejerías de Sanidad-Inspecciones de Farmacia de varias comunidades, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.