El juez Pablo Ruz responde que su situación de interinidad no afecta al caso Gürtel

  • El magistrado ha contestado así a uno de los imputados, Pablo Crespo.
  • Estará hasta hasta marzo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuando se designará en concurso al titular.
  • El PP y Ana Mato no han recurrido la decisión del juez  de tranformar el auto en procedimiento abreviado.
El juez Ruz, en la Audiencia Nacional.
El juez Ruz, en la Audiencia Nacional.
EP
El juez Ruz, en la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha respondido que su situación de interinidad en el Juzgado Central número cinco no afecta a la instrucción del caso Gürtel porque se encuentra en comisión de servicios con "relevación" de funciones y no de "juez sustituto" como aseguraba el imputado Pablo Crespo.

Así explica Ruz su situación en el juzgado -a cuyo frente estará hasta que en marzo se designe en concurso al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5- en la resolución en la que desestima 14 de los 15 recursos de reforma interpuestos contra el auto de transformación en procedimiento abreviado que dictó el pasado 26 de noviembre.

El objetivo de ese auto es favorecer el enjuiciamiento de la pieza separada denominada Epoca I, en la que se investigan hechos cometidos por la trama Gürtel entre 1999 y 2005.

Otros 15 de los 43 imputados en esa pieza -que han quedado ahora en 42 al estimar Ruz el recurso del constructor Enrique Carrasco y archivarle el procedimiento por prescripción- han recurrido directamente ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal, entre ellos el constructor Alfonso García Pozuelo, el extesorero del PP Ángel Sanchís y su hijo y el líder de la trama, Francisco Correa.

También queda por resolver otro recurso de reforma, el de Teresa Gabarra (esposa del exconsejero de la Comunidad de Madrid, el también imputado Alberto López Viejo) al haberlo presentado ayer.

En cuanto al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato, a los que Ruz incluyó en este procedimiento como partícipes a título lucrativo en la trama Gürtel, no han recurrido por el momento la decisión del juez.

Crespo cuestiona la legitimidad de Ruz

El considerado número dos de la trama Gürtel, el secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, cuestionó en su recurso la legitimidad de Ruz para instruir esta causa al estimar que su situación vulneraba el principio del juez predeterminado por la ley.

A este respecto, Ruz le contesta en este nuevo auto que debe "destacarse la errónea referencia legal contenida en el recurso para sustentar las alegaciones efectuadas, toda vez que el régimen administrativo bajo el que se viene dando cobertura al presente órgano es mediante la situación de comisión de servicios", al amparo de los artículos 350 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y no como "magistrado sustituto", del artículo 432.2, tal y como sostenía Crespo.

Otro de los imputados a los que el juez rechaza su recurso es al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, de 87 años, quien alegaba para su revocación sus problemas de salud, a lo que Ruz contesta que será en el momento en que comience el juicio cuando sea procedente "el examen del eventual deterioro de las facultades intelectivas y cognitivas del imputado a través del oportuno dictamen forense" y en su caso, si procede archivar las actuaciones contra él, lo que ya deberá decidir la Sala de lo Penal "como órgano enjuiciador".

En el auto que ahora confirma el juez, Ruz relataba toda una operativa en torno a los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes presuntamente lideraron un entramado societario con la participación, entre otros, de tres extesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios.

Sin perjuicio de lo investigado en la pieza separada conocida como "papeles de Bárcenas", Ruz señala que el extesorero, prevaliéndose de sus cargos de gerente primero y tesorero después, se apropió de fondos del PP al llevar junto a Lapuerta una contabilidad del partido entre los años 1990 a 2008.

Esa contabilidad, explica el juez, estaba "nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: al pago de gastos generados en campañas electorales, complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político".

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