El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, defiende que "hace falta una nueva ley" que regule el proceso penal, aunque precisa que "si esto no es por ahora posible, cualquier reforma que venga a mejorar transitoriamente el sistema legal debe recibirse con esperanza", en relación a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En una entrevista con Europa Press, el magistrado ha subrayado que "cualquiera puede entender" que el texto legal actual está "concebido para la delincuencia del siglo XIX", de manera que, según advierte, es "absolutamente insuficiente para hacer frente a las modernas formas de criminalidad".

En este sentido, ha apuntado que "una nueva regulación del sistema de recursos en fase de instrucción de las causas penales deviene en medida imprescindible", a lo que añade que resulta "descorazonador comprobar cómo a veces se utilizan recursos contra providencias de mero trámite con fines exclusivamente dilatorios".

Igualmente, señala que es "de vital importancia" una regulación "más completa" de las escuchas telefónicas y de las diligencias de entrada y registro, al tiempo que considera que "tampoco es nada descabellado limitar los tiempos de la instrucción", pero, según añade, "siempre que se arbitren fórmulas que eviten impunidades y medidas para remediar las causas exógenas al tribunal que son las que realmente entorpecen las investigaciones penales".

Por otra parte, en relación a las propuestas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la justicia gratuita y las tasas, el presidente de la Audiencia cree que "aquello que se haga en pro de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, en concreto, para que éstos puedan contar con las mismas oportunidades de acceder a los tribunales de justicia con el fin de obtener la tutela judicial efectiva, no puede menos que entenderse como positivo", de hecho lo califica como "imprescindible".

Al respecto, el magistrado argumenta que "un Estado de Derecho que se precie de serlo no puede permitirse fisuras en materias tan sensibles", a lo que agrega que "la escasez de recursos en la Administración Pública no debe incidir de modo negativo en quien carece de ellos para litigar".

Así, indica que "cualquier menoscabo en esta materia supone un ataque a ese principio constitucional de igualdad ante la ley". En consecuencia, Sánchez Zamorano asevera que "toda mejora en los mecanismos legales de justicia gratuita y en la atemperación de la tasa a la capacidad económica de quien busca el amparo judicial ha de ser bien recibida".

En definitiva, el juez se remite a las declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que en referencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal apuntaba que "se trata de un texto complejo, desarticulado e irreconocible, tras 70 reformas en tres siglos".