El PNV ha negado haber cometido delito alguno de financiación ilegal y ha subrayado que el Tribunal de Cuentas, en su informe de junio de 2014, "hizo suyas" las alegaciones realizadas en su momento por la formación jeltzale y no emitió propuesta de sanción alguna.

En un comunicado, el PNV ha hecho referencia a la información que este lunes publica 'El País', que apunta a que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha encontrado indicios de delitos en las finanzas del PNV, entre otros partidos, durante el ejercicio 2012.

En este sentido, la formación nacionalista remarca que no ha cometido "ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza, ni en 2012 ni en ningún otro ejercicio".

Según ha aclarado, el Tribunal de Cuentas español, en su informe correspondiente al ejercicio 2012, emitido el 26 de junio de 2014, "recoge y hace suyas las alegaciones presentadas" por los jeltzales el 5 de mayo de ese mismo año. "Prueba de ello es que, con posterioridad, el Tribunal de Cuentas emite una propuesta de sanciones a dos formaciones políticas, entre las que no se encuentra EAJ-PNV", añade.

Tal y como enumera, el citado informe de junio de 2014 es la "última comunicación oficial" que desde Sabin Etxea tienen del Tribunal de Cuentas.

"El PNV desconoce la existencia y, por tanto, la veracidad de este informe atribuido al fiscal jefe del propio tribunal. En cualquier caso, la propia información pone de relieve la existencia de discrepancias y divergencias manifiestas entre el fiscal jefe y el Pleno del Tribunal de Cuentas. Asimismo, la información recoge que el fiscal jefe ya ha recibido una respuesta oficial a su escrito y que sus dudas sobre determinados aspectos contables ya han sido aclaradas", ha incidido.

Asimismo, han señalado que el PNV no dispone del supuesto informe del fiscal jefe que, según la información publicada, dedicaría tres folios a su actividad. "Según la citada información, el fiscal jefe atribuiría al menos tres supuestos ilícitos al PNV. Estas tres cuestiones ya fueron alegadas y aclaradas en mayo de 2014 e incorporadas a su informe por el Tribunal de Cuentas en junio de 2014", ha reiterado la formación nacionalista.

Presuntas irregularidades

El comunicado jeltzale da a conocer las presuntas irregularidades detectadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y que harían referencia al hecho de "no haber registrado en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones" derivados en una permuta de terrenos en Barakaldo, poseer una "maraña de sociedades mercantiles", así como que las cuentas jeltzales no serían "reales y no incluirían toda su actividad verídica".

Por lo que se refiere a la acusación del fiscal de que el PNV no habría registrado ni declarado en su contabilidad unos ingresos de "4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca", los jeltzales indican que hace referencia a la construcción en 2008 en Barakaldo, vía permuta, de un nuevo batzoki en el inmueble que ocupaba el viejo batzoki.

"En la operación no hubo ningún intercambio de efectivo. La operación cuenta con todos los permisos y autorizaciones del Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado por el PSE-EE", indica, para añadir que es "falso" que no declarara la permuta, ya que la operación se registró en la contabilidad de 2008 como una permuta no comercial, "que implica que la vida útil y la funcionalidad de los activos permutados es similar y, por tanto, no debe reflejarse contablemente beneficio alguno".

En referencia a lo que el fiscal califica de "maraña de sociedades mercantiles de cuyas operaciones puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita", el PNV aclara que se hace referencia, entre otras, a las mercantiles "Inmobiliaria Lurukanez (100% del PNV) y otra constituida en Francia denominada Iguzkia (98%)".

"Los partidos no tienen prohibido tener sociedades mercantiles, sino desarrollar una actividad mercantil. En su informe, el propio Tribunal establece que el partido deberá revisar el objeto social y la actividad desarrollada por las sociedades participadas, de manera que éste asuma la gestión directa de los inmuebles afectos a la realización del objeto o finalidad propia del partido, y circunscriba su participación a aquellas sociedades que se considere imprescindible a efecto de llevar a cabo una gestión diferenciada a objeto de alcanzar una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, siempre que no esté sometido a la obtención de lucro y no menoscabe la transparencia y el control de la actividad económica y financiera de los partidos", expresa.

En esta línea, los jeltzales remarcan que "el único fin de estas sociedades en las que participa radica en el sostenimiento de la actividad política, social y cultural del partido".

Asimismo, se manifiesta que la sociedad Lurukanez ya está disuelta, "una vez cumplido su cometido con pérdidas de 148.000 euros", mientras que el resto serían Batzokia, Landaburu e Iguzkia, que el fiscal jefe situaría en Francia. "Iguzkia cuenta con un capital social de 7.500 euros y se encarga de gestionar los tres batzokis que EAJ-PNV tiene en Iparralde", añade el comunicado.

Además, los jeltzales señalan que trabajan en la actualidad en la línea de ir "reduciendo su participación en aquellas sociedades que ya van alcanzando sus respectivos objetivos, que no son otros que la prestación de un óptimo servicio a su afiliación".

Por último, y en referencia a la acusación del fiscal de que las cuentas del PNV "no son reales y no incluyen toda su actividad verídica", los jeltzales argumentan tener "357 cuentas corrientes, con un saldo medio que no alcanza los 9.000 euros".

"Son las cuentas corrientes de los batzokis y de las Juntas Municipales que EAJ-PNV tenía en 2012, y tiene hoy, a lo largo y ancho de la geografía vasca", añaden.

Además, recuerdan que solo desde el 1 de enero de 2014 recoge la Ley la obligatoriedad de incorporar a la contabilidad general del partido todas estas cuentas y contabilidades locales. "Y ese es el compromiso de EAJ-PNV de cara a 2014, con toda la complejidad que conlleva. En 2012, año al que hace referencia el presunto informe del fiscal jefe, esta obligatoriedad solo afectaba a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial, nunca el local", finaliza.