El juez Pablo Ruz lo ha bautizado como "guión-CAM", un procedimiento de actuación preestablecido ideado por Alberto López Viejo (alto cargo de Esperanza Aguirre durante cinco años) y Francisco Correa (cabecilla de la trama Gürtel) para amañar la contratación de 348 actos públicos en los que intervino la expresidenta madrileña. El amaño, descrito con pelos y detalles en el prolijo auto que Ruz dictó a finales de noviembre para cerrar la instrucción de la primera etapa de la trama, supuso que las arcas públicas de la Comunidad perdieran 4,9 millones de euros, y que López Viejo, uno de los 'niños mimados' de Aguirre en su Gobierno, se embolsara 305.000 euros en comisiones pagadas por la trama.

López Viejo es precisamente el protagonista del primer escrito de acusación emitido por las partes tras el auto de Ruz. El lunes 29 de diciembre, la Comunidad de Madrid, que está personada como acusación, pidió formalmente para el que fuera Viceconsejero de Presidencia e Interior (entre mayo de 2004 y junio de 2007) y Consejero de Deportes (desde junio de 2007 hasta febrero de 2009) un total de 22 años de cárcel, una pena superior que la que pide para Correa (18 años de prisión). La Comunidad acusa a López Viejo de seis delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y prevaricación. Sin olvidar que la Abogacía del Estado aún debe acusarle por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, el Ejecutivo madrileño reclama para López Viejo 50 años de inhabilitación y una multa de 4,3 millones de euros. El juez, por su parte, le ha puesto una fianza de responsabilidad civil de 750.000 euros.

El juez Ruz asegura que entre los años 2004 y 2008, "Alberto López Viejo adjudicó directamente múltiples contratos a empresas vinculadas a Francisco Correa a cambio de las correspondientes gratificaciones. López Viejo se concertó con Correa para conseguir que la organización de los actos institucionales o conmemorativos a los que asistiera Esperanza Aguirre en su condición de presidenta de la Comunidad desde noviembre de 2003, fueran adjudicados a las empresas de Correa a cambio de su comisión". Aunque el magistrado no se centra, obviamente, en la asunción de responsabilidades políticas, la relación de los hechos narrados deja en evidencia la ya famosa frase de Aguirre "yo destapé la trama Gürtel".

López Viejo campó a sus anchas entre 2004 y 2008. Primero desde la viceconsejería de Presidencia y después desde la Consejería de Deportes fue el encargado de organizar todos los actos institucionales de Aguirre (se supone que la presidenta le dio ese mandato). Hasta controlaba el color de la ropa de Aguirre para que las empresas de Correa adaptaran a tiempo los decorados de esos actos. Uno de los funcionarios que declaró como testigo aseguró que se pagaban las facturas de las empresas de la trama "porque llegaban del hombre de confianza de la presidenta". Otra funcionaria señaló que le ponían la factura "en un sobre encima de la mesa con un pósit que decía: Tramítese. Esa era toda la información que tenía". La investigación de la UDEF se inició discretamente en noviembre de 2007 gracias a la denuncia del exconcejal José Luis Peñas. Un mes después, en diciembre de 2007, una trabajadora del Ayuntamiento de Boadilla escribía a Aguirre denunciando las irregularidades que se cometían en Boadilla. El 6 febrero de 2009 se producían las primeras detenciones y Aguirre nunca había tomado ninguna medida. López Viejo fue destituido cuatro días después, el 10 de febrero de 2009. Estas son las claves del amaño que ideó junto a Correa.

Fueron cinco las empresas que Correa utilizó para contratar con la Comunidad de Madrid: Boomerangdrive, Easy Concept, Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. En teoría son sociedades autónomas e independientes unas de otras, "pero actuaban en realidad como una sola sociedad compartiendo sede efectiva en Pozuelo de Alarcón, recursos materiales y personales, contabilidad y dirección", señala Ruz. "Para ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos a sociedades de Correa", es decir, para que no se notara que las mismas empresas ganaban siempre los contratos, se utilizaron otras mercantiles "con la connivencia de sus gestores a cambio de una comisión bien fija, bien variable de entre el 5 y el 11,5%", y siempre "con conocimiento de Alberto López Viejo".

Aquí aparecen dos grupos que no estaban bajo el control de Correa pero que sí trabajaron para él: Elba Grupo Comunicación, que puso a disposición de la trama tres empresas (CMR, Sagitour y MQM); y el Grupo Rafael, que aportó cuatro sociedades: Fotomecánica Rafael, Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Doble y Kilda Producciones.

Alberto López Viejo trabajó estrechamente con su asesor técnico, Pedro Rodríguez Pendas, también imputado. Unas veces López Viejo, otras Rodríguez Pendas, indicaban a las empresas de Correa las características generales del montaje y del diseño del acto, "eludiendo toda la normativa y principios de contratación", explica Ruz. En el otro lado estaba una de las personas de confianza de Correa, Felisa Isabel Jordán, también imputada y que abandonaría a Correa en el año 2007 cuando este la acusó de gastarse más de 200.000 euros de la organización en regalos para ella.

Felisa Isabel Jordán se ocupaba de todo lo referente a la contratación y a la ejecución de actos con la Comunidad de Madrid, así como de la supervisión de las "hojas de coste". La tarea de facturación les fue encomendada a Javier Nombela (vocal del PP en la Junta madrileña de Moncloa) y a Alicia Mínguez, quien reportaba al anterior. Finalmente, el control y registro de las cantidades pagadas o adeudadas a los cargos públicos correspondía a José Luis Izquierdo, el contable de la trama. Todos están imputados.

López Viejo sabía que las empresas de Correa "serían las adjudicatarias finales, con desprecio de los principios que rigen la contratación administrativa, los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia". López Viejo y Correa decidían cuántas facturas debían emitirse, a qué órgano o Consejería había que enviarlas para cobrar y si la factura debía fraccionarse debido a su alto coste. Era habitual fraccionar el contrato en varios servicios para emitir siempre facturas inferiores a 12.020 euros (los contratos no estaban sujetos a publicidad). Así se dieron casos de "facturas con conceptos genéricos sin desglosar, facturas cuya fecha de emisión era muy posterior a la celebración del acto, o incluso órganos gestores que no iniciaron el expediente de contratación sino que se limitaron a pagar una factura por indicación de López Viejo".

Además, según Ruz, "los expedientes tramitados como contratos menores no eran objeto de fiscalización previa", ya que en el momento en el que la empresa de Correa enviaba la factura, solo se verificaba que existía crédito para pagar, que el gasto estaba autorizado por el órgano competente y que se había prestado el servicio. "Se alteraba el proceso de contratación partiendo solo de unas instrucciones verbales", concluye el magistrado. Y es que López Viejo y Correa se aprovecharon de la emisión de facturas inespecíficas y genéricas sin el desglose de conceptos, lo que imposibilitó certificar correctamente qué servicio concreto se facturaba e, incluso, su efectiva prestación. Así, la Intervención General del Estado encontró 103 pagos que carecían de facturas justificativas.

Para que las empresas de Correa no aparecieran siempre como adjudicatarias, Correa usó a las sociedades de Elba Grupo y Grupo Rafael. Correa subcontrataba a estas sociedades, pero estas últimas no facturaban a Correa, sino directamente a la Comunidad de Madrid, "siguiendo las indicaciones de Correa y López Viejo". Es decir, aunque las facturas eran emitidas por estas empresas, era "el Grupo Correa el que asumía, gestionaba y controlaba la deuda de la Comunidad como propia". Luego, las empresas de Correa facturaban a las empresas de Elba Grupo y Grupo Rafael por un importe inferior, siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios de intermediación. "Era un sistema de compensación cruzada".

A finales de 2005 llegaron las primeras quejas de algunos funcionarios, que retrasaban e incluso se negaban a asumir pagos de facturas irregulares en su tramitación. "Ello motivó continuos cambios en la facturación tanto en los conceptos como en los órganos a los que se emitían, retrasando considerablemente la fecha de la factura hasta el punto de que alguna de ellas se terminó emitiendo 32 meses después de prestado el servicio". En un principio, "y con el fin de vencer dicha resistencia", Ruz explica que López Viejo hizo valer la autoridad de su cargo por su directa relación con Presidencia.

Tantos problemas obligaron a la trama a cambiar el sistema "para enmascarar aún más la intervención de las empresas de Correa". Se optó entonces por tramitar formalmente expedientes para adjudicar los contratos institucionales de la Comunidad de Madrid. Desde noviembre de 2005 a junio de 2007 se convocaron dos concursos, "cuya adjudicación a Francisco Correa se convino previamente con Alberto López Viejo". Para ocultar tal adjudicación se utilizaron empresas instrumentales que se prestaron a ello a cambio de la correspondiente comisión.

Estas empresas no eran sino meras "pantallas" dotadas de la clasificación empresarial necesaria para concurrir a la licitación pública. Una vez que ganaban el contrato, amañado, firmaban mediante un acuerdo privado de subcontrata la cesión íntegra de la ejecución del contrato a empresas de Correa. Las empresas instrumentales cobraban de la Comunidad, y luego reintegraban los pagos (tras deducir su comisión) a las empresas de Correa "a través de una facturación indiciariamente ficticia".

La Intervención General de la Administración del Estado cifra que la Comunidad de Madrid firmó contratos con empresas de Correa y con empresas de los grupos que aceptaron ser intermediarios y 'pantallas' de aquel por importe de 8.754.066,66 euros. De este total, "el beneficio irregularmente generado" por sobrecostes y comisiones asciende a 4.915.742,17 euros. El juez Ruz cifra en 348 los actos institucionales adjudicados irregularmente por la Comunidad de Madrid "bien a empresas del grupo Correa, bien a empresas con las que este grupo mantenía una relación especial".

El contable de la trama, José Luis Izquierdo, guardaba en su contabilidad un apartado bajo las siglas AL o ALV, que corresponden, según la Policía, a Alberto López Viejo. El sumario señala que el exconsejero recibió de la trama al menos 305.000 euros en comisiones, "de los que un mínimo de 232.000 euros fueron en dinero efectivo y en especie, opaco todo para la Hacienda Pública". En efectivo recibió 211.000 euros en distintos pagos. El resto hasta 232.000 euros fueron facturas emitidas por el restaurante la Hacienda Argentina, que regentaba la esposa de Alberto López Viejo, también imputada. Según la Policía, López Viejo solía recibir el 10% del coste de cada acto adjudicado a Correa.

Correa había diseñado también aplicar un sobrecoste a la comisión que tenía que dar a López Viejo. La gratificación que debía recibir el ahora imputado se incluía en los costes de la adjudicación de cada contrato, en un concepto tan genérico como "varios". Y sobre este coste, Correa aplicaba también el porcentaje que como margen de beneficio pretendía obtener. "De ese modo, las empresas vinculadas a Correa no solo se ahorraban el pago de las correspondientes comisiones imputándoselo a las entidades adjudicadoras, sino que, además, obtenían el correspondiente beneficio de esas comisiones con cargo a fondos de la Comunidad", señala el sumario. Así, las comisiones de López Viejo, de sus colaboradores y el margen de beneficio que marcaba Correa "ocasionaron un perjuicio para la Comunidad de Madrid de, al menos, 875.000 euros".

El sumario también destaca que los ingresos de López Viejo como cargo público no son compatibles con "el acrecentamiento en su patrimonio". López Viejo y su esposa, Teresa Gabarra, escondieron parte de su fortuna procedente de actos ilícitos en cuentas abiertas en el Banco Mirabaud con sede en Ginebra (Suiza). "Tales acrecentamientos patrimoniales se concretan, al menos, en un total de 2.309.179,74 euros en 2002; de 399.638,80 euros en 2003; de 259.851,05 euros en 2006; y de 1.169.492,69 euros en 2008, que no se han podido generar mediante el ahorro de su renta declarada".

Ruz desglosa todos los movimientos financieros sospechosos del matrimonio: los ingresos bancarios en Suiza, la amortización de varios préstamos, la compra de dos apartamentos en Calpe (Alicante), de otra casa en Madrid, y la compra de un barco de seis metros de eslora por 51.000 euros. Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la causa señala que López Viejo y su mujer defraudaron a Hacienda en cuatro años 1,9 millones de euros.