Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de las cuatro provincias gallegas, Ourense es la que refleja con mayor intensidad este panorama, con hasta 32 consistorios con un mínimo del 25 por ciento de los electores inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). Además, de este total, en nueve la diáspora constituye más del 40 por ciento de los ciudadanos con derecho a tomar parte en las municipales.

El colectivo exterior ha experimentado un notable crecimiento en los cuatro años transcurridos desde la última convocatoria para elegir alcalde, con cerca de 35.000 nuevas personas, en torno a un 12 por ciento más respecto al 25 de mayo de 2003, un porcentaje muy por encima del registrado por la población afincada en Galicia.

En A Coruña son ocho los municipios en los que la diáspora constituye un cuarto de los votantes y en uno de ellos, Val do Dubra, cuatro de cada diez viven en el extranjero, el único que supera a los municipios de la Costa da Morte, los que presentan mayores porcentajes de electores en el CERA en la provincia, como ocurre en Vimianzo --30,3 por ciento--, Fisterra --30 por ciento--, Muxía --27,4 por ciento--, o Laxe --27,3 por ciento--. Del total, el PP cuenta con seis regidores y el PSdeG, con dos.

La trascendencia del voto de la diáspora generó polémica entre las formaciones políticas con acusaciones cruzadas de utilización electoral de la emigración, partidismo de los viajes institucionales y las visitas de los alcaldes a las colonias más importantes de gallegos y las posibles irregularidades en la captación de apoyos, que se convirtieron en uno de los principales elementos de controversia hasta el último momento de la precampaña.

Uno de los episodios más polémicos fue el que le costó el cargo a la directora de la Fundación Galicia Emigración, Pilar Pin, por el reparto de cheques asistenciales a los gallegos en situaciones carenciales en Uruguay, si bien también hubo numerosos escándalos en torno a los alcaldes que reclamaron el voto con cartas sufragadas con fondos públicos, como el socialista de Caldas de Reis, o por la recogida de documentación de la colonia extranjera para tramitar el voto rogado por parte de dirigentes como el presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, en actos políticos programados en el Cono Sur.

Precisamente los populares, como partido que ostenta el poder en 214 corporaciones locales de las 315 que hay en total en la comunidad, son los más afectados por esta situación, puesto que de los 53 municipios en los que la diáspora supone al menos el 25 por ciento, un total de 43 son conservadores. Por su parte, el PSdeG gobierna en ocho y el BNG y los independientes, en uno cada uno.

En este contexto, seis de cada diez consistorios en los que la emigración representa al menos un cuarto del electorado son ourensanos, un total de 32, de los cuales hasta 18 presentan una proporción de la diáspora superior al 33 por ciento y en nueve de ellos, más de cuatro de cada diez votantes reside en el exterior.

Así, en casi la mitad de las corporaciones locales gallegas, concretamente en 24, el colectivo afincado en el extranjero constituye como mínimo uno de cada tres electores. No obstante, el caso más significativo de Galicia lo constituye Avión (Ourense), una localidad en la que el censo electoral de 2.200 habitantes se duplica si se suma a los emigrantes, que representan el 49,5 por ciento de los votantes de la localidad.

Otros casos en los que la incidencia de la diáspora es determinante son Bande, con el 47,3 por ciento del censo total de 3.981 personas; Arnoia, con el 45,4 por ciento de una población de 1.932; Beariz, con el 44,2 por ciento de los 1.996 electores con los que cuenta el municipio; o Quintela de Leirado, con el 44,5 por ciento de un total de 1.247 vecinos con derecho a voto. De los 32, hasta 27 corresponden al PP, tres al PSdeG, uno al BNG y otro a Vucar, partido que gobierna en Carballeda de Avia, con tres de cada diez electores en el CERA.

En este sentido, los municipios pequeños más castigados en décadas precedentes presentan esta realidad de forma más acusada, puesto que a lo largo del siglo XX sufrieron en mayor medida el éxodo de su población. En consecuencia, las grandes ciudades gallegas apenas muestran una incidencia importante, como revela el 5,3 por ciento de Lugo; el 5,5 por ciento de Vigo; el 7,2 por ciento de A Coruña; el 8,4 de Santiago. No obstante, casos como Ourense y Pontevedra, aún con una incidencia baja, llegan a doblar a algunas de las anteriores, con censos que presentan un 12 por ciento de emigrantes.

En cuanto a Lugo, siete consistorios tienen un cuarto de sus votantes en el extranjero y tres de ellos, más de uno de cada tres, concretamente Navia de Suarna, con el 39 por ciento; A Fonsagrada, con el 36,2 por ciento y Negueira de Muñiz, con el 34,8 por ciento; estos dos últimos gobernados por el PSdeG.

Por lo que respecta a Pontevedra, un total de seis localidades cuentan con al menos el 25 por ciento de sus electores en el extranjero, de las que la mitad está por encima del 33 por ciento, Crecente, con el 42,14 por ciento; Cerdedo, con el 33,3 por ciento; y A Lama, con el 33,2 por ciento. Además, la totalidad de los casos de esta provincia presentan alcaldes del PP.