El juez que instruye las diligencias previas por la matanza de lobos ocurrida en Camaleño a finales de 2013, ha solicitado una fianza de 4.000 euros a la Fundación Oso Pardo y al Grupo para la Defensa de la Montaña Leonesa, para poder ejercer la acusación en esta causa, en la que están imputados por un supuesto delito contra la fauna cinco cazadores de una misma cuadrilla, entre ellos un agente del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil.

El Gobierno de Cantabria no se personará en el procedimiento, al menos "de momento", al ser el lobo una especie cinegética "no protegida", según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Ganadería, que aseguran que "lo que sí habrá es sanción administrativa". La Dirección General de Montes ha abierto un expediente sancionador al jefe de la cuadrilla, pero su tramitación queda en suspenso hasta que finalice el proceso judicial.

Los hechos están siendo investigados por la vía penal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera, a raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por diferentes asociaciones ecologistas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, tanto la Fundación Oso Pardo (FOP) como la asociación de León (GEDEMOL) han recurrido la decisión de la jueza instructora, Lucía Barrancos, a la que han pedido que no se les imponga fianza alguna y en caso de hacerlo, que ésta sea "proporcional" porque lo contrario, dicen, sería "limitar el acceso" a la Justicia de las asociaciones conservacionistas, sobre todo las pequeñas.

Estas mismas fuentes han indicado que "no es un criterio unánime" entre los jueces imponer fianzas a las asociaciones ecologistas.

Ascel y ea,

También fuera de la acusación

Fundación Oso Pardo y Gedemol no son las únicas organizaciones conservacionistas que están encontrando problemas para mantenerse como acusación en esta causa. Ya a finales de octubre, la jueza instructora dictó una providencia en la que apartaba de la acusación a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y Ecologistas en Acción, al no hacer frente a la fianza de 4.000 euros solicitada por la Fiscalía.

ASCEL y EA también han recurrido la decisión de la jueza, y están "dispuestos a acudir en apelación" a la Audiencia si desestima su recurso.

Los cinco imputados, todos ellos vecinos de Camañelo, ya han declarado ante el juez instructor, y se les han intervenido sus rifles, siete en total. El informe balístico del proyectil hallado en uno de los lobos abatidos, concluye que la bala fue disparada por el rifle de uno de los imputados, hermano del guardia civil. Sin embargo, este cazador ha declarado que ese rifle no se utilizó en la cacería del 1 de diciembre en la que supuestamente se perpetró la matanza.

Fotos en las redes sociales

Los lobos fueron encontrados el 19 de diciembre en el paraje de Charco-Puerto, tras circular por las redes sociales fotografías de cinco ejemplares muertos, colocados en línea. Tanto la Fiscalía en su denuncia al juzgado de instrucción como los grupos ecologistas, señalan que la única cacería legal celebrada por esas fechas en la zona fue la del 1 de diciembre en La Robla-Subiedes.

Y sostienen que es "imposible" que un cazador furtivo o un pequeño grupo de ellos pueda matar a cinco lobos en la misma fecha, como así lo han reconocido también los cazadores imputados cuando se les ha preguntado por esta posibilidad.

La jueza también ha citado a declarar a varias personas en calidad de testigos, entre ellos el administrador de la página de Facebook LOBOS.NO, que publicó la fotografía con los lobos muertos; el agente del medio natural que controlaba el desarrollo de la cacería; y el jefe de la cuadrilla, al que la Dirección General de Montes ha abierto un expediente sancionador "por incumplir el cupo de capturas de lobo en la citada cacería, así como obstruir actuaciones de control al ocultar información sobre los ejemplares de lobo cazado".

En el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, hay testimonios que acusan al guarda de caza de la reserva e hijo del jefe de cuadrilla de ser "el que inició los disparos y el inductor de la acción, abatiendo dos lobos". Sin embargo, según la documentación remitida por el Seprona esta persona era integrante de la cuadrilla pero no asistió a la misma.

De la misma manada

Una vez encontrados, los cadáveres de los lobos fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde se les practicó una necropsia.

Los ecologistas sostienen que los lobos abatidos formaban parte de un mismo grupo reproductor que criaba de forma habitual en la vertiente leonesa del puerto de San Glorio y que formaba parte de los grupos reproductores atribuidos al Parque Nacional de Picos de Europa.

Según la asociación leonesa Gedemol, este grupo reproductor ha quedado "totalmente aniquilado" ya que a los cinco lobos muertos encontrados el 19 de diciembre, se unen otros tres que fueron abatidos en octubre de ese mismo año 2013 en un monte del pueblo de Cosgaya.

Los ecologistas aseguran que se trataba de una manada "de las menos conflictivas", en lo que se refiere a ataques al ganado, y que, por su área de campeo, jugaban un papel "impagable" en el control de los ungulados salvajes, especialmente ciervo, en los hayedos leoneses y de Camaleño, ayudando a conservar la biodiversidad del Parque Nacional.

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