La nueva Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local, aprobada el pasado día 22 por el Pleno del Parlamento con los votos de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, entra en vigor este jueves coincidiendo con la entrada de año tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La norma, que sustituirá a la que en 2007 creó y reguló este órgano consultivo de colaboración institucional entre las entidades locales y la Junta de Andalucía, refuerza sus funciones y avanza en el reconocimiento del papel del municipalismo, frente a la "supresión de competencias" que recoge la Ley estatal de Reforma de la Administración Local.

Una de las novedades del nuevo texto será la aplicación del consenso como regla general para la adopción de acuerdos, respondiendo así a la naturaleza del Consejo como órgano de diálogo de composición paritaria y mixta. Asimismo, se incorporan adaptaciones a la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y se delimitan las competencias entre el Consejo Andaluz de Concertación Local y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales para evitar duplicidades de funciones.

El segundo de estos órganos, de composición exclusivamente municipal y provincial, y creado por la Laula con el fin de garantizar la autonomía local, tiene atribuidas algunas competencias que venía desempeñando el Consejo de Concertación y que ahora asumirá de forma exclusiva. Entre ellas figuran las de informar anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones generales y planes.

En los supuestos de informes a nuevos textos normativos, el Consejo de Concertación sólo intervendrá en caso de discrepancias entre el dictamen del Consejo Andaluz de Gobierno Locales y la consejería que los promueva. Así, este órgano mixto Junta-entidades locales intentará el acercamiento de posturas y evitará recurrir a los tribunales cada vez que surjan desacuerdos entre las dos administraciones.

La Laula, a la que se adapta el proyecto del Consejo Andaluz de Concertación Local, fue la primera ley en España que redujo la tutela previa de la Administración autonómica y otorgó a los municipios plena decisión sobre cómo organizan sus territorios, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios.

Entre otras disposiciones, delega competencias autonómicas, delimita las 29 que son propias de los entes locales y fija los procedimientos para nuevas transferencias de gestión. Los gobiernos locales pasan así de ser meros administradores a sujetos activos en la gestión de sus políticas.

La Laula se complementa con la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos Autonómicos, norma que desde 2011 obliga a la Junta a garantizar una financiación suficiente e incondicionada, es decir, respetando la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciben.