El Govern ha aprobado este martes un decreto ley con las medidas urgentes que han de permitir restablecer el salario de los empleados públicos, aunque ha advertido de que sólo la aprobación de las cuentas para 2015 puede garantizar "al cien por cien" la restitución de las condiciones salariales del personal.

La aprobación de este decreto ley es una medida "excepcional" mediante la cual la Generalitat pretende cumplir con su compromiso de devolver la paga extra a los funcionarios catalanes en 2015 y de restablecer la jornada y el salario de los trabajadores interinos, a la espera de que el Parlament apruebe los Presupuestos para el próximo ejercicio, que arrancará con las cuentas prorrogadas.

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha explicado en rueda de prensa, tras la reunión del Consell Executiu, que la única medida que con total certeza permitirá recuperar la paga extra a los empleados públicos es la aprobación de las cuentas para el próximo año, que ERC sigue si aclarar si apoyará. Sin embargo, el también portavoz del Govern se ha mostrado "convencido de que así será".

A través del decreto ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, quedarán sin efecto las medidas previstas en la Ley de presupuestos para 2014, que contemplan, por un lado, la reducción de las retribuciones del personal público en un importe equivalente a una paga extraordinaria y, por otro, la reducción de un 15% de la jornada y el salario de los interinos y el personal sustituto docente.

Homs ha subrayado que la medida acordada "es coherente con el compromiso de la Generalitat" de poner fin a los recortes salariales que tuvo que aplicar a consecuencia de la crisis financiera y presupuestaria y ha resaltado que se sitúa "en un contexto que puede indicar una cierta mejora de la situación general del país".

En los presupuestos para 2015 presentados por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, el Govern prevé destinar un total de 607 millones de euros a devolver a los empleados públicos la paga extra de 2015, que han tenido suprimida durante los últimos tres años, y a restablecer la jornada y sueldo de los trabajadores interinos. Estas medidas afectan a 210.000 funcionarios de la Generalitat y a más de 6.500 trabajadores interinos.