La propuesta anunciada por IU-CA sobre crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento hispalense, en torno los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos, no ha sido finalmente debatida ni votada en el pleno celebrado este lunes. Y es que la federación de izquierdas promovió esta moción por vía de urgencia, que para ser superada necesita al menos 17 votos a favor, toda vez que la única edil de IU-CA y los once del PSOE respaldaron la idea de debatir la propuesta, pero los 20 concejales del PP se abstuvieron, según las fuentes consultadas por Europa Press.

La operación Enredadera, derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el propio José Manuel García (IU-CA), quien ha decidido renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense tras ser imputado por la juez a cuenta de su papel como ex delegado municipal de Deportes.

Funcionarios y políticos

En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.

En paralelo, uno de los empresarios de Fitonovo ha declarado ante la juez Alaya que el concejal del PP Gregorio Serrano pidió supuestamente a Fitonovo que instalase "gratis" un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", en Dos Hermanas, y el funcionario municipal Francisco Amores, imputado en la causa, habría declarado que cuenta con documentación que podría afectar al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).

El testimonio de Amores, en ese sentido, motivó que el alcalde presentase en los juzgados un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella, al considerar Zoido que las declaraciones del funcionario fueron "aseveraciones con temerario desprecio a la verdad que podrían ser constitutivos de sendos delitos de injurias graves o calumnias", según el escrito recogido por Europa Press, un documento que además avisa de un "evidente atentado al honor, a la dignidad personal y profesional y a la propia imagen" de Zoido.

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