El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes la interposición de un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la regulación estatal de los horarios comerciales, que obliga a las comunidades autónomas a declarar nuevas ciudades con Zonas de Gran Afluencia Turística a tales efectos aunque no lo hayan solicitado, entre otras cuestiones.

Así consta en el orden del día del Consejo de Gobierno publicado en la web de la Oficina del Portavoz, consultado por Europa Press, en el que también se informa de la aprobación de los estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de la prórroga del modelo de financiación de las universidades públicas durante 2015.

El Consejo de Gobierno andaluz ya llevó al Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que regula los horarios comerciales en el país y ahora hará lo mismo con la Ley que lleva el mismo nombre, siendo éste el décimo-quinto recurso de inconstitucionalidad de la legislatura.

Según expuso entonces la Junta, los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta norma estatal, así como su Anexo 1 (los mismos que ahora se vuelven a llevar al TC), "deja sin contenido" las competencias autonómicas en esta materia y supone un "perjuicio" para las pymes del sector en Andalucía. Además, obliga a las comunidades autónomas a declarar nuevas ciudades con Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales, aunque no lo hayan solicitado, y rebaja los criterios que estas deben cumplir.

Junto a ello, el Consejo de Gobierno va a dar el visto bueno a la distribución de 10,29 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces mayores de 20.000 habitantes para la financiación en 2015 de los contratos de 268 trabajadores sociales que integran el personal de refuerzo para la atención a la dependencia. Actualmente, la Junta de Andalucía financia el 78 por ciento mientras que la Administración General del Estado lo hace en un 22 por ciento.

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