La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha visitado este lunes la Asociación de Granada a favor de personas con discapacidad intelectual Vale en Dúrcal (Granada), donde ha recalcado la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por "la prevención, educación y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual para su integración social y laboral".

Se trata de un colectivo formado por más de 60.000 personas en Andalucía, según ha recordado Sánchez Rubio, para quien el "desafío del Gobierno andaluz pasa fomentar en la sociedad unos pilares basados en el respeto, igualdad, compromiso, confianza y superación" para que las personas con discapacidad intelectual "puedan vivir según se propongan, con sus deseos, inquietudes, sueños y sentimientos con el apoyo de las Administraciones Públicas".

La Asociación Vale gestiona cuatro centros con plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) con 118 plazas concertadas de las que están ocupadas el 100 por 100 del total.

Esta asociación de Granada a favor de personas con discapacidad intelectual Vale se crea en 1982 a partir de la iniciativa de un grupo de padres y madres de menores con discapacidad intelectual, cuyo fin es defender la dignidad y calidad de estas y sus familias, reivindicando sus derechos e instando a los poderes públicos a establecer políticas encaminadas a asegurar su integración.

Anteproyecto ley de discapacidad

La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.

La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43 por ciento, y a reservarle un 3 por ciento de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5 por ciento de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

A la vigente reserva del 7 por ciento de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.

Entre otros derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.

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