La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha valorado el 2014 que concluye ahora como "un año muy duro y cruel", con "alguna pequeña y lejana esperanza".

En un comunicado, el colectivo señala que las familias sobre cuyas viviendas pesa sentencia de demolición "ven cómo pasan los años, y en cada Legislatura, volvemos a la casilla del principio, en un bucle que está acabando física y psíquicamente con los afectados de esta situación tan injusta".

AMA señala que pese a que "algunos quieren dar una imagen de que esto es un tema casi resuelto", quizás -razona- porque les dé "vergüenza" lo que han "prometido" y lo que han "realizado", los datos son "demoledores".

Así, sostienen que 2014 ha estado marcado por "tres hitos muy negativos, los peores en mucho tiempo", que son la pérdida de aproximadamente dos tercios del patrimonio de las familias por la sentencia de 'Pepín Cano' en Argoños, la doctrina de la "desviación de poder" de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y que supone un "grave impedimento" para posibles regularizaciones o legalizaciones en la sentencia de la urbanización Munargo; y la cuestión de inconstitucionalidad plantea por la misma Sala a las autorizaciones provisionales, que "pone en cuestión" las leyes del Parlamento de Cantabria, ya que "en tres años es la segunda vez" que ocurre esto.

Por contra, los afectados ven una "posible y lejana esperanza" en hechos como posibles modificaciones legislativas a nivel estatal que protejan al tercero de buena fe, tal y como ya pidió la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a España.

Y es que actualmente en el Senado se están estudiando tales posibilidades, aunque a AMA les "suena a una sinfonía ya oída y de no buen recuerdo", ya el Ministerio de Fomento "filtró" una propuesta en el mismo sentido en 2012, y "al final sólo fue ruido y esperanzas rotas".

También valoran los posibles convenios del Gobierno de Cantabria con los afectados por urbanización, que con "importantes lagunas", es "el principal avance" del Ejecutivo en la materia.

"Si se llega a acuerdos con los afectados, y estos son respetados, estaríamos ante un muy importante avance", sostiene la agrupación, que expresa no obstante su temor por las "garantías" y los "acuerdos".

"Mucho ha sido lo prometido, y después de las últimas resoluciones, la credibilidad de las instituciones está bajo mínimos", concluye AMA, que señala que, todo esto, la resolución de los problemas se traslada a "dentro de tres, cinco o más años".

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