La plataforma ciudadana Salvemos a Fracha ha mostrado este sábado "su estupor" por el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes, 26 de diciembre, en el que se ha autorizado la contratación de las obras del primer tramo de la autovía A-57, ante el cual presentará esta semana recurso judicial.

Según se queja el colectivo, no se entiende "la prisa que se ha dado el Gobierno en dar luz verde a la licitación de esta infraestructura 'in extremis' en la última reunión del año después de más de una década de gestiones fallidas y cuando todavía no hay ninguna noticia ni avance en los otros seis tramos de la autovía".

Así, considera "un despropósito" que se haya acelerado la contratación del tramo de 6,4 kilómetros de la A-57 entre A Ermida (Pontevedra) y Vilaboa cuando el proyecto está concebido en siete fases y tan sólo en una hay avances en firme.

"De los otros tramos no hay ninguna noticia y mucho nos tememos que se queden sobre el papel y la obra no llegue a completarse nunca, de ahí que se vea como un despilfarro todavía mayor destinar 100 millones de euros al primer tramo (el presupuesto de licitación asciende a 86,31 millones de euros, a los que hay que sumar las expropiaciones y otros contratos menores como dos millones de euros para seguridad de las obras)", censura.

En este sentido, Salvemos a Fracha entiende "todavía menos que se haya agilizado la tramitación de la obra cuando en los últimos meses están aumentando los colectivos sociales y políticos que se oponen a la autovía".

Según informa la plataforma, el ingeniero técnico Anxo Bravo ya ha terminado el informe elaborado para apoyar el recursos contencioso-administrativo, mientras que el abogado Jerónimo Escariz está terminando la redacción de la demanda con el fin de formalizarla en un plazo máximo de una semana.

El recurso que presentará Salvemos a Fracha pedirá que se paralice el proyecto de construcción de la autovía y la paralización cautelar de cualquier obra o actuación en la zona a la espera de que el juzgado adopte cualquier decisión al respecto. La plataforma quiere evitar que las obras lleguen a ejecutarse antes de que salga la resolución judicial, para evitar desastres como el ocasionado en la carretera O Pino-Bora, cuyas obras fueron ilegalizadas por la Unión Europa cuando ya estaban realizadas y el daño ya se había causado.

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