La Asociación de Eventuales del Servicio Andaluz de Salud (Aesas) ha formalizado ante los tribunales de Justicia la cuarta demanda colectiva de asociados al considerar que su relación contractual con la empresa de la Junta de Andalucía podría estar "en fraude de ley".

Así lo ha indicado a Europa Press la portavoz de la asociación, Rocío Jiménez, que ha aludido al silencio administrativo como causa que ha propiciado —al igual que en casos previos— que la demanda administrativa de 181 asociados ante la Delegación del SAS en Cádiz haya acabado finalmente en los juzgados.

Por otro lado, fuentes sindicales han confirmado a Europa Press que el próximo lunes 29 de diciembre se ha programado sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad —en la que, a falta de la nueva composición tras las elecciones sindicales, están presentes Satse, CSIF, CCOO, UGT y Sindicato Médico—, en la que se verán los términos en los que se llevará a cabo el proceso de conversión de los contratos eventuales al 75 por ciento en contratos a jornada completa.

Dicho proceso entraría en vigor a partir del 1 de febrero, por la renovación de contratos hasta el próximo 31 de enero. Se negociará así la fórmula para la conversión de los contratos eventuales que se renueven a 1 de febrero de 2015 y de duración de un año, y que puedan pasar al 100 por 100 de forma paulatina, tal y como plantea el SAS.

Según Aesas, más de 15.000 eventuales de la sanidad pública andaluza podrían estar en fraude de ley. El colectivo, una asociación sin ánimo de lucro, sin vocación ni relación sindical alguna y apolítica, se constituyó el pasado 9 de enero y está formada por más de 500 profesionales sanitarios de todos los estamentos con un denominador común, la relación contractual "irregular" con el SAS.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de su parte, ha señalado que los profesionales eventuales estructurales de la sanidad pública andaluza recuperarán la totalidad de la jornada a lo largo de 2015, reconociendo "el esfuerzo que han realizado estos profesionales por su pérdida salarial y cambios en la jornada laboral, un esfuerzo que el Gobierno andaluz reconoce y al que respondemos con el compromiso de recuperar a lo largo del próximo año la jornada y salarios que se vieron reducidos en 2012".

La titular del departamento, María José Sánchez Rubio, recordaba que la medida adoptada en 2012 "no fue una decisión fácil y se determinó para evitar los despidos a los que obligaba el incremento de la jornada laboral ordinaria hasta las 37,5 horas impuesto por el Gobierno de España".