La Junta de Andalucía ha ampliado, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la red de centros de protección de menores existente en la provincia de Huelva, cuya finalidad es acoger en régimen residencial a jóvenes en situación administrativa de guarda o desamparo que se encuentran tutelados por la administración autonómica.

En concreto, según han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el nuevo centro va destinado de forma exclusiva a menores que presentan problemas de comportamiento o conducta y requieren, por ello, una intervención más especializada y está en marcha desde comienzos del mes de diciembre.

Se trata de un recurso asistencial que no existía con anterioridad en la provincia onubense y que viene a mejorar la atención que se presta al colectivo. Las nuevas instalaciones, ubicadas en Aljaraque, están gestionadas por Anide, una entidad con una "importante" trayectoria en el ámbito de los servicios sociales y que también desarrolla programas de atención a la infancia y a las familias.

Dicho dispositivo, denominado técnicamente de conflicto social, está dotado de un total de diez plazas y cuenta con una plantilla de profesionales integrada por monitores, educadores y psicológicos preparados para dar respuesta a las necesidades de los menores. Para su funcionamiento dispone de un presupuesto anual de alrededor de 292.000 euros.

Con esta apertura, la Junta tiene ya en la provincia onubense una red integrada por 24 centros de protección de menores entre públicos y concertados, con unos 185 usuarios. En ellos se lleva a cabo el programa de acogimiento residencial impulsado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que tiene como objetivo dar acogida y ofrecer respaldo a los menores carentes de un ambiente familiar adecuado, proporcionándoles el apoyo necesario para su desarrollo personal y su formación integral.

El programa, cuyos destinatarios son menores de 0 a 17 años de edad en situación administrativa de guarda o desamparo, se enmarca en la Ley1/1998, de los derechos y atención al menor, así como en el decreto específico de acogimiento residencial aprobado en 2003.

De este modo, la labor de los centros de protección de menores es amplia y diversa. Abarca desde facilitar la integración social, orientar y asesorar para la inserción laboral y la emancipación, a potenciar el desarrollo de la autonomía personal, crear hábitos de vida saludables, fomentar las habilidades sociales y, de manera muy especial, cubrir las carencias afectivas y emocionales de los menores acogidos en sus instalaciones.

Para concretar estas actuaciones, intervienen en diferentes áreas: programa de intervención educativa, programa de trabajo social, programa de intervención psicológica y programa de formación prelaboral y de acceso al mercado de trabajo. El equipo técnico que lleva a cabo estas intervenciones está fundamentalmente compuesto por educadores, psicólogos y trabajadores sociales.

En la mayoría de los casos se trabaja además en el medio sociofamiliar del menor para que se supere la situación que motivó la adopción de la medida y el niño o niña pueda reintegrarse con su familia de origen.

Junto al residencial, existe otra modalidad de acogimiento para los menores tutelados por la Consejería del ramo: se trata del familiar, consistente en la integración del menor en otra familia cuando debe ser separado de sus padres o tutores.

Por último, han recordado que el nuevo centro es "única y exclusivamente" para menores en situación de desprotección y no tiene nada que ver con los servicios de reforma dependientes de Justicia. Asimismo, el proyecto inicialmente adjudicado se tuvo que descartar por no cumplir los pliegos técnicos requeridos en la licitación.

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