El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha firmado este martes con la representación de la mayoría de los 18.000 trabajadores de la enseñanza concertada el acuerdo para la recuperación progresiva de la paga extra de 2015, y la consecuente equiparación salarial a un futuro con los trabajadores de la enseñanza pública, con los representantes sindicales de FSIE y FETE-UGT, así como con las organizaciones patronales y de titulares ACES, Escuelas Católicas, CECE y SAFA.

Quedan fuera del acuerdo, al negarse a la firma, USO y CCOO, sin que ello haya repercutido en el convenio al ostentar los sindicatos firmantes una mayoría suficiente. En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha indicado a Europa Press que la central sindical no entiende la imposibilidad aludida por el Ejecutivo autonómico para modificar los presupuestos de 2015, reclamación de este sindicato, "máxime cuando no hay impedimento técnico". Y es que, a su juicio, el acuerdo propuesto "no concreta nada y es casi otro acuerdo de equiparación".

CCOO no ha plasmado su firma en un acuerdo "que acaba con años de lucha por la equiparación y que en los últimos 14 ha supuesto hacer justicia, acercando a este colectivo a la homologación total con los compañeros de la enseñanza pública y que ahora, con este acuerdo, se distancia".

El sindicato asegura haber mantenido un diálogo "continuo" con IULV-CA, como socio en el Gobierno andaluz, "hasta el punto de obtener una voluntad manifiesta para hacer una enmienda a los presupuestos que no ha llegado a plasmarse debido a la disposición clara de FSIE y UGT de firmar el acuerdo, conformándose con un documento de mínimos tanto en la forma como en el fondo".

Aseguran que continuarán exigiendo "un trato digno e igualitario" y que para ello convocarán las acciones reivindicativas necesarias, "tanto en la calle como en los tribunales, a fin de restituir cuanto antes el atropello hacia los trabajadores de la enseñanza concertada rubricado hoy".

El documento firmado pasa por el compromiso de que el acuerdo de equiparación volverá a estar completamente en vigor en 2016, la devolución en un periodo máximo de cuatro años —finalmente reducido a tres— de las cantidades correspondientes a 2015 y la adopción en el próximo año de medidas que posibiliten algún abono ya en ese mismo periodo.

Contra el rechazo de USO y CCOO a la rúbrica, el consejero Luciano Alonso ha señalado que "esperábamos unanimidad por el objetivo logrado, que es recuperar el nivel salarial del profesorado en estos momentos de dificultad económica y hacer patente el reconocimiento a la labor docente de estos trabajadores".

FSIE ha indicado, de su lado, que tras llevar a cabo las consultas pertinentes a las bases ha decidido llegar a un acuerdo "que restituye y normaliza en un año las retribuciones autonómicas en nuestra comunidad, evitando el agravio comparativo que impone la Ley de Presupuestos Generales de Andalucía".

Cece incide en la "incertidumbre" sobre el pago

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), una de las patronales firmantes, ha puesto en valor que el acuerdo "plantea una seria incertidumbre sobre el abono final de las cantidades comprometidas".

"Con una importante discrepancia entre las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores, pero habiendo una mayoría de los mismos dispuestos a la firma de este nuevo acuerdo", se ha producido la firma para tratar de reconducir una situación que, según ha indicado CECE en un comunicado, es "discriminatoria" para la enseñanza concertada y "nunca debería haberse producido".

"Es preocupante tanto el contenido de este nuevo acuerdo, por su insuficiencia económica, como la inseguridad jurídica de su cumplimiento: no nos parece adecuada ni justa la actuación de la administración en este asunto, pues desde un primer momento lo adecuado hubiese sido que no apareciera en los presupuestos del 2015 la suspensión de la vigencia del acuerdo del sector que data de 2008", remarca el ente, que asegura haber firmado en coherencia con la aceptación del acuerdo por parte de la mayoría laboral reconocida.

Piden, en cualquier caso, que el documento se haga realidad "con todas las garantías y seguridad jurídica para el colectivo afectado" y que la administración "no haga tambalear al sector con medidas como las que ha tomado en los presupuestos de 2015".