Dos imputados de una protectora de animales por apropiarse de donaciones para gastos particulares

La Guardia Civil ha imputado a la presidenta y al tesorero de una asociación protectora de animales, identificados como L.M.S.M. y J.J.G.M., como presuntos autores de sendos delitos de estafa y apropiación indebida por haberse quedado con fondos procedentes de donaciones y apadrinamientos para gastos particulares.

La Guardia Civil ha imputado a la presidenta y al tesorero de una asociación protectora de animales, identificados como L.M.S.M. y J.J.G.M., como presuntos autores de sendos delitos de estafa y apropiación indebida por haberse quedado con fondos procedentes de donaciones y apadrinamientos para gastos particulares.

Según informa el Instituto Armado, la denominada operación 'Redog' ha sido llevada a cabo por el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Sevilla, que inició hace tiempo una investigación sobre el destino de los "fuertes ingresos económicos" de una asociación sin ánimo de lucro para la protección de animales con sede en Umbrete (Sevilla).

La investigación acreditó que el dinero procede de aportaciones de ciudadanos y apadrinamientos en respuesta a las solicitudes económicas de esta asociación para ayudar al mantenimiento y cuidados de los animales, incluso salvarlos de la supuesta muerte en perreras municipales.

Más de 160.000 EUROS

Además la asociación realizaba eventos, concursos y reuniones entre asociaciones y voluntarios con el objetivo de obtener ingresos que se destinarían al cuidado, alimentación, vigilancia de la salud, gastos veterinarios y operaciones de los animales, lo que le permitió superar "los 160.000 euros en los dos años que lleva en activo".

Al no contar con instalaciones propias, la asociación alquilaba una residencia canina en otro término municipal de la provincia de Sevilla donde alojaba, mantenía y alimentaba a los animales, cuyas fotografías incluían en su página web y en redes sociales, donde se consultaba y atendía a los padrinos de los animales.

A raíz de las investigaciones, la Guardia Civil tiene conocimiento de que los ingresos obtenidos van a parar a dos cuentas bancarias, una de ellas ajena a la asociación, por lo que se sospecha del "uso particular" de los fondos. También llega a acreditar que los imputados realizaban "gastos particulares cargados a tarjetas asociadas a los fondos de la asociación".

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