Trasladan a Roca a los juzgados para declarar por siete delitos urbanísticos

  • Se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.
  • Ha sido trasladado desde la prisión de Albolote (Granada).
El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha sido trasladado para declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de la localidad malagueña
por siete causas, en las que se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.

Roca llegó alrededor de las 9:40 horas a las dependencias judiciales a bordo de un furgón de la Guardia Civil procedente de la prisión de Albolote (Granada), donde permanece ingresado, y declarará ante la titular del citado juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, que instruye los siete procedimientos.

Entre las causas, se encuentran las diligencias previas incoadas en virtud de la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2004 contra el equipo de gobierno por la concesión de una licencia de obras en 2002 para la construcción de 124 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros en suelo no urbanizable.

Delitos contra la ordenación del territorio

Otro de los procedimientos por los que deberá declarar Roca se corresponde con la querella por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y estafa en grado de tentativa presentada por Orfila Cinco SA contra el Ayuntamiento de Marbella y las empresas Jardín del Mediterráneo SA y Cofisur 98 SL.

La querella fue interpuesta en agosto de 2002 por la concesión de licencias para construir en la finca Huerta de las Merinas, en la ribera del río Guadalpín, en un suelo calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986 como zona verde pública.

Entre los imputados en algunas de estas causas se encuentran también los ex alcaldes Julián Muñoz -en al menos cuatro de los procedimientos- y Marisol Yagüe y los que fueran tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Pedro Román, así como más de una veintena de ex concejales del consistorio de distintas corporaciones municipales.

En al menos una de las diligencias previas, incoadas a partir de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, está imputado además el ex edil del PA Carlos Fernández, sobre quien pesa una orden de busca y detención desde julio de 2006 por su presunta implicación en el "Caso Malaya".

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