El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha informado de que la Ley Agraria de Extremadura llegará a la cámara legislativa regional "inmediatamente" con la intención de que esté aprobada antes de acabar la presente legislatura.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de dicha ley tras obtener el visto bueno del Consejo Consultivo, y a partir de ahora iniciará el trámite parlamentario para su aprobación definitiva.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Echávarri ha destacado que el Ejecutivo autonómico quiere que la región sea la comunidad que "más protege" a la agricultura.

La nueva normativa tiene por objetivos, entre otros, blindar por ley el presupuesto destinado al sector agroindustrial (un 25 por ciento de las cuentas autonómicas será para la agroindustria) y desarrollar un campo más moderno y competitivo bajo la premisa de una "gestión sostenible".

En esta línea, Agrotech tendrá una "importancia vital" para posicionar en el mundo a Extremadura como una "región especializada" en el desarrollo de productos, bienes y servicios profesionales destinados al medio rural.

En 2015, la Consejería de Agricultura ya aglutina el 22,1 por ciento del presupuesto autonómico, con casi 1.200 millones de euros; y se alcanzará ese 25 por ciento con partidas transversales de otras áreas del Gobierno, según ha destacado Echávarri.

En esta línea, el consejero extremeño ha destacado que "nunca" en la región se había invertido "tanto en el campo" como está haciendo, ha dicho, el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago.

La ley Agraria de Extremadura derogará más de una veintena de normativas que afectan a agricultores, ganaderos y a la agroindustria; algunas de las cuales no se pueden aplicar al entrar en contradicción con la directiva europea, según Echávarri.

Con esta normativa, que contempla también las elecciones al campo, se pretende "fortalecer" y "mejorar" la competitividad del sector agrario; fomentar la producción agroalimentaria de calidad; impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación; proteger el suelo agrario; y garantizar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de la política agraria.

Asimismo, el Consejo de Gobierno, fuera del orden del día, ha aprobado la venta por más de 800.000 euros de la finca Don Rodrigo, en la localidad pacense de Don Benito, a una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) que venía gestionándola.