La casa real ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", tras conocerse decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, de sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, informaron a Europa Press en fuentes de Zarzuela.

El juez considera que el papel de la infanta Cristina fue imprescindible para que su marido Iñaki Urdangarín, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

La infanta Cristina, por su parte, no habría tomado la decisión todavía de renunciar a sus derechos de sucesión —ocupa la sexta posición en la línea sucesoria—, una decisión que solo ella puede tomar. Su hermano, el rey Felipe VI, sí podría retirarle el duquesado de Palma, y los privilegios que conlleva, aunque todavía no ha tomado esa decisión.

La casa real ya anunció el pasado 7 de noviembre que dejaba en manos de la infanta la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos. "Es una cuestión que le corresponde a ella", indicó en su momento un portavoz de Zarzuela.

Los grupos de la oposición valoran que el juez José Castro haya decidido juzgar a la infanta Cristina por el caso Nóos porque demuestra que la ley es igual para todos pese a los "obstáculos" que muchas veces se intenta poner a la independencia del poder judicial.

Es lo que han opinado, entre otros, el dirigente de UPyD, Álvaro Anchuelo, quien ha calificado de "buena noticia" la resolución judicial al consagrar el principio de igualdad de todos los ciudadanos a pesar de las trabas que "a veces se quiere poner en el camino de la independencia del poder judicial".

"Creemos que deja muy en evidencia el papel de la Fiscalía que ha actuado en este caso más como un abogado defensor que como un fiscal", ha subrayado Anchuelo a la entrada de la comisión de Economía, en la que es portavoz de su partido.

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, ha subrayado que por una vez "la independencia del poder judicial" se ha impuesto y también lo ha considerado una "buena noticia" desde el punto de vista de la democracia.  Pone, además, de relieve que el PP va a tener "muchas dificultades" para doblegar la independencia judicial y la autonomía de los fiscales.

El portavoz de Economía del PNV, Pedro Azpiazu, ha reconocido su equivocación al pensar que el juez Castro "no iba a ser capaz" de sentar a la hermana del Rey en el banquillo. También ha afirmado que a él, personalmente, le parece bien la decisión y cree que "no está mal" que la infanta sea juzgada.

Desde Amaiur, Rafael Larreina ha señalado que la infanta Cristina es una ciudadana "como otra cualquiera" y, por tanto, si se tiene que sentar en el banquillo "que se siente y asuma sus responsabilidades como cualquier ciudadano".

El más escueto de los diputados consultados sobre la decisión del juez de Palma ha sido el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien se ha limitado a señalar su respeto por la "presunción de inocencia".

Por su parte, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha defendido la presunción de inocencia de la infanta Cristina. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Pujalte ha expresado su absoluto respeto por la decisión del juez Castro.

No obstante, Pujalte ha recordado que el juez ya ha instruido otros casos en los que se han dictado condenas que, más tarde, han sido rectificadas "a la baja" por el Tribunal Supremo. "Por tanto, respeto a las decisiones judiciales, prudencia con respecto a los juicios, y un mínimo de respeto a las presunción de inocencia de todos, también de la infanta", ha insistido.