El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, había pedido al  Constitucional  que desestimase el recurso de la formación abertzale contra la decisión del Supremo de anular 133 de sus listas, al estimar que éste hizo una aplicación «proporcionada y razonable» de la restricción del derecho de participación política.

Los servicios jurídicos del Estado habían señalado que los indicios utilizados por el Supremo para apreciar la relación entre las candidaturas de ANV y Batasuna estaban reconocidos y aceptados por la jurisprudencia constitucional. La Fiscalía hizo ayer la misma petición con idénticos argumentos.